El Parlamento asturiano aprueba por consenso la reforma de la ley de cajas
El pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó ayer en una sesión extraordinaria, la última del actual periodo de sesiones, la reforma de la ley de cajas con el fin de adaptarla a la Ley Financiera. Al contrario de lo que ocurrió con la ley de cajas a la que sustituye, que estuvo envuelta en una gran polémica por el enfrentamiento entre el Gobierno regional que preside Vicente Álvarez Areces y el Grupo Parlamentario Socialista, el texto fue aprobado ayer por unanimidad de los grupos.
De hecho, quedó aprobado y tramitado mediante el procedimiento de lectura única, al ser consensuado por todos los grupos políticos, que solicitaron un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que especificase las modificaciones a introducir en la legislación hasta ahora vigente, informa Efe.
Cajastur, la única caja de esta comunidad autónoma, es una de las entidades de ahorro con mayor peso político en sus órganos de gobierno, por lo que la adaptación a la Ley Financiera, que incluye un tope del 50%, ha obligado a cambios considerables. Así, el número de representantes de instituciones públicas en el consejo de administración de Cajastur supera el 75%, número que ha tenido que adaptarse al 50% que imperará tras la reforma.
El peso cedido por los políticos lo ganarán los impositores y empleados. Así, se prevé la posibilidad de duplicar el número de representantes de los impositores, que pasará del 20% al 40% de los órganos de dirección; y de los empleados, que a partir de ahora tendrán un 10% frente al 5% actual.
El resto de los puestos corresponderá a las corporaciones locales y entidades fundadoras (el Ayuntamiento de Gijón y la Junta General del Principado). La asamblea general de Cajastur pasará de 200 a 300 miembros; el consejo de administración, de 20 a 30 consejeros, y la comisión de control, de 10 a 15.
Otro de los cambios tiene que ver con el periodo de duración de los mandatos de los máximos responsables. En el caso de Cajastur, el mandato está limitado a ocho años dividido en dos periodos. La Ley Financiera permite ampliar cada periodo de mandato a seis años. Así, el actual presidente, Manuel Menéndez, y el resto de miembros del consejo de administración podrán permanecer en sus cargos hasta el 2012.
La aprobación de la ley de cajas asturiana en 2000 produjo una profunda crisis política en la región, provocada por el envite lanzado al presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, por el sector guerrista, que impuso con sus votos y los del Partido Popular la vuelta a la presidencia de Cajastur de Manuel Menéndez, cesado meses antes por decreto.
Las comunidades autónomas están en pleno proceso de adaptación de su normativa a la Ley Financiera aprobada en noviembre, en la que se daba un plazo de seis meses para modernizar la legislación autonómica y los estatutos de las cajas. En la mayoría de las comunidades está adaptación está resultando controvertida, especialmente en Cataluña, donde los cambios van a suponer un cambio considerable en los protagonistas del sector financiero.
El primer secretario del Partido Socialista Catalán (PSC), José Montilla, pidió ayer a CiU que apoye la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Financiera, aprobada por el Congreso, para ser 'coherente' con su defensa del autogobierno y para demostrar que no está 'supeditada' al PP.
El Consell Consultiu, el máximo órgano jurídico de la Generalitat, emitió la semana pasada un informe en el que subrayaba que tres disposiciones de la Ley Financiera relativas a las cajas de ahorros son inconstitucionales, por lo que considera que existen bases suficientes para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.