El FMI vuelve a abrir la puerta de la negociación con Argentina
El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió el pasado miércoles enviar nuevamente una misión a Argentina para evaluar la posibilidad de lograr un acuerdo. No es casualidad que esta decisión se tome pocos días después de que países como Alemania, Estados Unidos e Italia manifestaran su preocupación por la posibilidad de que el país suramericano declarase la suspensión de pagos con el Fondo.
El próximo 17 de enero Argentina deberá afrontar un vencimiento impostergable por más de 1.000 millones de dólares (una cifra similar en euros) con el Fondo. Si bien el ala técnica del organismo multilateral se opone férreamente a la firma de un acuerdo, las presiones políticas ejercidas por los Gobiernos del Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados parecen estarle torciendo la mano a la otrora inflexible directora del FMI, Anne Krueger.
El acuerdo en cuestión, no obstante, se limitaría a refinanciar los vencimientos de los próximos 6 u 8 meses con el fin de permitir una transición política tranquila en el país suramericano y de dar cierto oxígeno al futuro presidente argentino para negociar un acuerdo más definitivo con el nuevo Gobierno que salga de las urnas en abril.
El Fondo considera que todavía existen cuestiones fundamentales que no han sido resueltas. Entre ellas destaca particularmente la falta de consenso político para llevar a cabo las reformas pendientes. En el caso del sistema financiero, por ejemplo, esto se traduce en la posibilidad de que la Corte Suprema redolarice los depósitos, una situación que obligaría al Gobierno a asumir gran parte de los pasivos bancarios y que, por lo tanto, comprometería sobremanera la incipiente estabilidad fiscal.
La inestabilidad política también se traduce en dudas sobre la realización de las elecciones presidenciales. La dura puja interna en el justicialismo (o peronismo) entre el actual presidente, Eduardo Duhalde, y el antiguo mandatario, Carlos Menem, pone en riesgo la celebración de las elecciones presidenciales del 27 de abril, tal como está estipulado actualmente.
Al FMI le molesta esta posibilidad, puesto que quiere que el futuro político de Argentina se decida lo más pronto posible para así poder negociar en un marco políticamente más estable un acuerdo definitivo con el nuevo Gobierno.
No obstante, el Fondo reconoce también algunos avances logrados en la segunda mitad de 2002. Destaca, en particular, el esfuerzo fiscal realizado para lograr un superávit y el control de la inflación mediante la estabilización del tipo de cambio. Justamente, esta estabilidad, que en las últimas semanas se ha traducido incluso en una apreciación del peso, es la que ha animado al Gobierno argentino a levantar y flexibilizar una serie de controles cambiarios, algo que será seguramente bien visto por el Fondo.
Desgraciadamente para Argentina, el tiempo es escaso y es poco probable que se logre la firma de un acuerdo antes del 17 de enero. Ante esta situación, el Gobierno argentino haría frente a este pago sólo si un acuerdo fuese inminente.
Si las posiciones actuales no se acercan, el incumplimiento de este pago podría suponer una ruptura definitiva de las negociaciones con el Fondo y el ensombrecimiento de las perspectivas de recuperación para la economía argentina. No obstante, la presión política ejercida por los mayores accionistas del Fondo y lo restringido que pretende ser el acuerdo juegan a favor de que antes del 17 de enero las noticias sean positivas.