Las grandes empresas financiarán la supresión del IAE al 92% de las pymes
Aparte de la rebaja en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la otra gran reforma que verá la luz el próximo ejercicio es la del impuesto sobre actividades económicas (IAE), con gran impacto recaudatorio para las arcas municipales.
Tras varios meses de fuertes discusiones técnicas (el Gobierno encargó a un comité de expertos un informe sobre las alternativas que había para reformar este tributo local), el Ejecutivo se decidió finalmente por la supresión del IAE para la mayor parte de las pymes. æpermil;ste era, por otra parte, el compromiso electoral en el que había incurrido el presidente del Gobierno, José María Aznar. El problema es su financiación.
La supresión del IAE (en la práctica exención fiscal del 100%) se aplicará sólo a las empresas que facturen menos de un millón de euros anuales al año. Ello afectará al 92% de las pymes (2,1 millones de autónomos y pequeños empresarios), que se ahorrarán una media de 400 euros anuales, según cálculos del Ministerio de Hacienda.
El resto, aproximadamente 250.000 medianas y grandes empresas, tributará mucho más por el IAE y en proporción a su volumen de facturación. Este incremento de gravamen puede alcanzar hasta un 35% más.
El tope del millón de euros fijado por el Gobierno ha provocado el descontento de la patronal CEOE, cuyo presidente, José María Cuevas, ha llegado a comentar, en tono irónico, que el Gobierno ha convertido el tributo en 'el impuesto de Robin Hood', por 'robar' a los ricos (grandes empresas) para dar el botín a los pobres (pequeños empresarios).
La patronal Cepyme, por su parte, ha recogido la reforma con tibieza. Está satisfecha por lo que toca a los pequeños empresarios, pero recalca que hay una parte de pymes (las mayores) que quedará excluida de los incentivos.
Telefonía móvil
La reforma del IAE conllevará novedades para las empresas de telefonía móvil. El Gobierno ha decidido excluirlas del pago de la tasa local por el suministro de servicios (1,5% de la facturación total) que hasta ahora abonaban junto a empresas de energía (gas y electricidad) y del resto de sector de las telecomunicaciones. A cambio, ha creado para ellas un régimen especial en el IAE. Pagarán una cuota nacional de 1.260,77 euros por cada 1.000 abonados. Las operadoras calculan que con el nuevo sistema pagarán a los municipios hasta 10 veces más de lo que aportan hasta ahora.
Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a compensar a cada municipio por lo que deje de recaudar por la supresión parcial del IAE, una vez descontados los incrementos de gravamen para las grandes empresas. De esta forma, los municipios se aseguran que no perderán ingresos por ello, con un tributo por el que se recauda cerca de 1.800 millones de euros al año.
En general, la reforma del IAE ha sido bien acogida por parte de los fiscalistas, que criticaban, sobre todo, que se gravara la actividad económica con independencia de los beneficios o los ingresos que obtuviera la empresa. A partir de enero, en el IAE se tendrá en cuenta el volumen de facturación, con independencia del número de empleados de la empresa. Además, se mantiene la función censal del impuesto (al no suprimirse) y se establecen fuertes bonificaciones, entre ellas, por creación de empleo.