Quintás niega que el sector se politice por la Ley Financiera
El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, descartó ayer en declaraciones a Europa Press que con la Ley Financiera vaya a aumentar la politización y la conflictividad en las cajas. Quintás quita así hierro a los conflictos que se están viviendo en las cajas de algunas regiones, que han empezado a adaptar sus leyes a la norma estatal.
Es el caso de Andalucía y Cataluña, que están introduciendo modificaciones a la normativa sobre cajas en sus respectivas Leyes de Acompañamiento a los Presupuestos, o de la Comunidad Autónoma de Madrid, la primera en presentar su propio proyecto.
El responsable de la CECA admitió, no obstante, que se pueden producir 'tensiones' derivadas tanto de la pérdida de poder de los organismos públicos como de las expectativas que se generen sobre qué otros sectores ven aumentada su participación. 'Pero nos gustaría que esto no se viese como un salto adelante en la conflictividad y en la politización, sino como una ebullición propia de un régimen corto de transición a un nuevo sistema de reparto de cuotas de poder'.
En este sentido, valoró muy positivamente la inclusión de organizaciones representativas de la sociedad civil en los órganos de gobierno de Caja Madrid, tal y como recoge el proyecto de ley de Alberto Ruiz-Gallardón que se debate hoy en la Asamblea.
En su opinión, 'la incorporación de la sociedad civil ha funcionado muy bien en las cajas catalanas y en las gallegas, donde 'las entidades han operado muy bien demostrando que era un buen sistema'.
El proyecto de ley madrileño, que sólo afecta a Caja Madrid al ser la única entidad de ahorro regional, deja a los sectores representativos del 'ámbito social, cultural, científico, cívico o profesional' el 11% de la participación en los órganos de gobierno.
La incorporación de estos grupos se produce como consecuencia de la rebaja de la participación de los organismos públicos decidida en la Ley Financiera, que fija el tope de representación pública en el 50%. En el caso de la Comunidad de Madrid se ha rebajado al 33%, aunque el porcentaje se eleva hasta el 41% si se tiene en cuenta que la Casa Real, que posee un 20% en calidad de entidad fundadora, cede esta representación al resto de grupos.
Quintás admitió, no obstante, que la entrada de nuevos 'dé lugar a conflictos' y 'se preste a sospechas, dudas y a recelos'.