El suelo debe tocar techo
La fuerte subida de los precios de la vivienda provoca una más que justificada alarma en los ciudadanos y, por resonancia, en el Gobierno y los partidos de la oposición. Las casas se han encarecido una media del 15% anual en los últimos tres años y para 2003 se espera que siga el repunte. La subida tiene como pilar indiscutible una robusta demanda que, a su vez, se ve sostenida por el aumento del nivel de empleo, la llegada masiva de inmigrantes, el aumento agregado de la renta privada real y un descenso radical en los costes de financiación hipotecaria. En cuanto a los efectos, no escapan a nadie: millones de familias hipotecadas de por vida (con la consiguiente merma de su capacidad de consumo) y un número creciente de ciudadanos, sobre todo jóvenes, para los que adquirir una vivienda se ha convertido en un objetivo inalcanzable.
Gobierno y oposición se conjuraron públicamente a encontrar soluciones al problema y ayer tuvieron la oportunidad de ensayar las soluciones. Sin embargo, ni Fomento ni los consejeros de las 17 comunidades autónomas lograron clarificar un paquete de medidas legislativas que permitan encauzar la situación. Las comunidades gobernadas por el PSOE consideran insuficientes las propuestas del Gobierno y piden medidas de control más estrictas, sobre todo en materia de suelo. Pero solicitan un plazo adicional para poder revisar las propuestas de Fomento y presentar alternativas.
El Gobierno admite el fracaso de una liberalización que no ha logrado frenar los precios a pesar de que nunca se puso tanto suelo a disposición del mercado (ni tantas viviendas). Ahora propone reorientar una ley que debe ser adoptada por las comunidades autónomas y ejecutada por los ayuntamientos. El objetivo declarado: hacer que la oferta de suelo sea prácticamente ilimitada para ver si los precios empiezan a bajar.
La idea de que sólo pueda ser protegido un suelo como no urbanizable en casos excepcionales, y debidamente justificados, puede liberar de una vez por todas la oferta de suelo por parte de los municipios. Sin embargo, está por ver si los ayuntamientos aplicarán o no este criterio a la hora de administrar una de sus principales fuentes de financiación. En cuanto a la eliminación de las subastas de suelo público y su sustitución por el concurso con precio cerrado, ensayado en comunidades como Madrid, no ha servido precisamente para frenar la especulación. Además, esta fórmula amenaza con convertirse en un nicho de corrupción que en ningún caso debe ser alentado con normas escritas en el BOE y mucho menos pactadas por los dos grandes partidos como pretende el Gobierno.
Asumiendo que en materia de suelo no hay soluciones milagrosas, cabe congratularse por la puesta en marcha de esta mesa de diálogo y por la decisión de buscar el consenso parlamentario para los cambios de legislación necesarios. Algo ineludible si queremos que desaparezcan las tentaciones locales o partidistas de romperlo con recursos o iniciativas individuales.