Bush refuerza su apoyo a los sectores farmacéutico, papelero y asegurador
Carl Pope, director ejecutivo de Sierra Club, dijo el día posterior a las elecciones al Congreso ganadas por el partido Republicano que la buena noticia 'es que nunca antes tantos legisladores electos habían proclamado su interés por proteger el medio ambiente. Las malas noticias son que a la mayor parte de ellos, en realidad, les trae sin cuidado'. El Sierra Club es la mayor, más antigua e influyente organización medioambiental de EE UU y las palabras de su director reflejaban el ánimo con el que estos grupos afrontan los próximos dos años de mayoría absoluta del partido del presidente.
Y Bush está respondiendo a las expectativas antes incluso de que se haya retomado la ley de reforma de la energía que permite explorar y explotar los protegidos territorios de Alaska. Sin esperar que se concrete su mayoría absoluta salida de las urnas, el 27 de noviembre el presidente anunció que cambiará la legislación de Gestión de los Bosques Nacionales (que atañe a 155) para incrementar la discrecionalidad de los supervisores federales de cada parque a la hora de aprobar la tala de madera y los proyectos mineros
Sin estudio de impacto
Todo ello se podrá hacer sin necesidad de un estudio en profundidad del impacto medioambiental, como hasta ahora, ni realizar un seguimiento en detalle del efecto de las actividades aprobadas sobre la flora y fauna del bosque. Los ecologistas ya vieron como se aprobaron medidas para cortar árboles y arbustos para evitar la rápida propagación de fuegos.
Ante las críticas, la Casa Blanca aduce que lo que se consigue con estas nuevas reglas es aliviar la complicación normativa que impuso la administración Clinton y sobre todo reducir costes y burocracia. Las expectativas son que cuando, dentro de tres meses, estas normas entren en vigor se ahorre hasta un 30% de costes en la gestión de los parques y se gane tiempo.
Los críticos aseguran que las propuestas de Bush son casi idénticas a las hechas por las asociaciones papeleras y productores forestales y advierten que han sido políticos y no comités independientes científicos los que han inspirado y regulado la reforma.
La industria de productos forestales invirtió 3,07 millones de dólares en las últimas elecciones, el 76% en apoyar a candidatos republicanos, según la organización que controla estas donaciones, Open Secrets.
Un total de 15 congresistas demócratas han firmado una carta de protesta pero lo que más ha irritado incluso a republicanos como el Gobernador de Nueva York, George Pataki, ha sido la propuesta de reforma de normas sobre polución industrial del aire.
Las nuevas normas sobre plantas industriales facilitarán el cambio de operaciones y la expansión de la producción sin instalar nuevos controles de emisiones. Entre otras cosas, la Agencia de Protección del Medio ambiente elevará los límites de cantidad de polución que puede ser emitida al cambiar el método de cálculo de estas emisiones.
Los representantes de la industria papelera y las refinerías se han felicitado por estas nuevas medidas. Pero no son los únicos beneficiados.
La industria farmacéutica, el décimo contribuidor a la campaña republicana, registró su primera victoria como lobby en una de las más importantes leyes aprobadas por el Congreso aún controlado por los demócratas.
Y es que en la creación de la Oficina de Seguridad Nacional se ha colado una provisión de último minuto (ni los senadores republicanos la conocían) por Dick Armey, un republicano de Tejas, para eximir de responsabilidades legales en el caso de vacunas defectuosas a sus fabricantes.
Demandas
Según Open Secrets, la provisión da un respiro al gigante farmacéutico Eli Lilly que actualmente es objeto de demandas por una vacuna presuntamente causante de autismo. Eli Lilly ha donado en esta campaña 1,6 millones, el 79% al partido republicano.
El sector ya trabaja en la elaboración de una agenda sobre sus preocupaciones, entre ellas, la legislación sobre las prescripciones a 40 millones de ancianos y perceptores de la ayuda pública del Medicare. La industria teme que haya un control de precios o se elaboren listas de medicamentos beneficiados genéricos. El sector batalla para que no se aprueben con rapidez éstos, que se impidada la compra de medicinas baratas en Canadá o México, se prohiban los anuncios de sus productos o no se limiten las demandas por daños.
En este sentido Bush ya ha anunciado que pondrá en marcha una ley que en el futuro rebaje las pretensiones indemnizatorias de demandantes así como reducir los casos que puedan conducirse como demandas conjuntas.
El Congreso además ha aprobado la ley del seguro propuesta por Bush que cubre con fondos públicos, hasta 100.000 millones de dólares en tres años, las coberturas por terrorismo. Bush asegura que así se dará un empujón a la construcción, afectada tras los ataques del 11-S porque las aseguradoras se han negado a suscribir pólizas que cubran actos parecidos.