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Legislación

EE UU da cobertura pública al riesgo terrorista en los seguros

La lucha contra el terrorismo ha sido clave para que las sesiones de transición a la nueva legislatura hayan sido provechosas. Estas sesiones, previas a la apertura del Congreso surgido de las elecciones del día 5, han dejado pendiente de aprobación la nueva ley de quiebras y las de regulación energética, pero han sacado adelante una provisión que permitirá a las compañías de seguros compartir con el Estado la responsabilidad en caso de atentado terrorista.

La ley había sido patrocinada sin descanso por la Casa Blanca y establece, por ejemplo, que el Estado se haga cargo del 90% de los costes tras un ataque terrorista que deje pérdidas de más de 10.000 millones. La ley requiere que con efecto inmediato las aseguradoras empiecen a ofrecer cobertura terrorista, algo que se ofrecía antes automáticamente y se dejó de hacer tras el 11 de septiembre.

A resultas de las altas primas a pagar y de la negativa de las empresas a asegurar ciertos bienes, muchos proyectos han quedado parados o simplemente no se han renovado algunos contratos. O'Neill no pudo ocultar su satisfacción al declarar que esta ley es 'probablemente lo más importante que podemos hacer para animar el mercado laboral y minimizar las posibles consecuencias de otro ataque'.

Precisamente ayer el Departamento de Comercio dijo que el número de inicios de construcción de viviendas cayó un 11,4% en octubre antes de que la Reserva Federal rebajara medio punto el precio del dinero. Pese a este signo de agotamiento en este sector, el mayor descenso en ocho años, se llegará a un récord inmobiliario.

Los senadores también dieron su aprobación a una ley que va a significar la mayor reorganización de la Administración del Estado desde la Segunda Guerra Mundial. Se crea el Departamento de Seguridad Nacional, un Superministerio del Interior que aglutina 22 agencias y emplea a 170.000 funcionarios, con un presupuesto de 35.500 millones de dólares. En su creación se han colado provisiones introducidas a última hora por la Cámara baja, en las que se exime de responsabilidad a las farmacéuticas (uno de los sectores que más ha apoyado a los republicanos en las elecciones) que produzcan vacunas y se crea un instituto de investigaciones terroristas en la Universidad de Tejas.

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