Rato propone el acuerdo alcanzado con los funcionarios como referente para el sector privado
El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, destacó que el acuerdo suscrito hoy con los sindicatos de la Función Pública "introduce mejoras para la Administración Pública y puede servir de punto de referencia al sector privado" tanto en moderación salarial como en otros aspectos.
Rato explicó que el acuerdo -que recoge subidas salariales superiores al IPC para los próximos dos años, y medidas para la modernizar la Administración-, "mantiene un punto de referencia para el conjunto de la economía, tanto desde el punto de vista de la moderación salarial como de la introducción de nuevos mecanismos", como el concepto de salario diferido.
Además, subrayó, concilia cuestiones "muy importantes" como el equilibrio de los intereses de los empleados públicos y sus aspiraciones, "perfectamente legítimas", con mejoras para la eficiencia de las administraciones públicas.
El acuerdo establece para el año que viene una subida salarial acorde con la previsión de inflación, del dos%, más un incremento general y consolidable de 0,71 puntos.
Además, incluye una partida adicional de 0,59 puntos adicionales y vinculados al cumplimiento de objetivos muy concretos.
Para el 2004, el incremento salarial pactado parte de la previsión de inflación más 0,72 puntos adicionales, también consolidables.
La partida adicional para 2004 será de 0,48 puntos y servirá para abrir un plan de pensiones para los empleados públicos.
Rato recordó además que el acuerdo transfiere a las administraciones periféricas competencias relacionadas con la movilidad geográfica, amplía a la tarde el horario de las oficinas de atención al público con mayor demanda, y recoge medidas para reducir el absentismo laboral y para mejorar la formación de los funcionarios.
Así mismo, establece medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, así como para mejorar la promoción interna y la estabilidad en el empleo, incluye una política de reducción de la tasa de temporalidad y elimina la tasa de reposición -tope que fija que sólo se cubre una de cada cuatro vacantes de la Administración-.
Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, destacó que este acuerdo "no acaba hoy", ya que tanto el Gobierno como los sindicatos firmantes -CCOO, UGT, y CSI-CSIF- aspiran a desarrollarlo en su totalidad a través "de un proceso de diálogo social permanente".
Arenas reiteró además que el Gobierno "sigue apostando" por la moderación salarial, porque sirve para crear empleo, al tiempo que apuesta por los incrementos retributivos diferidos.
Desde los sindicatos, el portavoz de la mesa general de la Función Pública y responsable de CCOO, Fernando Lezcano, valoró que con este acuerdo se aprecia en el Gobierno un "cambio de tendencia", tanto en materia salarial como en otros aspectos como la lucha contra la temporalidad en la administración.
Además, Lezcano aseguró que los sindicatos seguirán negociando aspectos para el desarrollo del acuerdo, porque no han renunciado a seguir negociando la inclusión de las cláusulas de revisión salarial para los funcionarios y el Estatuto de la Función Pública.
El secretario general de UGT, Julio Lacuerda, advirtió al Ejecutivo de que debe introducir las medidas pactadas -a través de enmiendas- en la tramitación parlamentaria de los presupuestos y de la ley de acompañamiento, así como negociar el derecho a la negociación colectiva "arrebatado a los funcionarios", o de lo contrario, puede ser el "acuerdo más breve que la UGT haya firmado nunca".
El responsable de CSI-CSIF, Domingo Fernández, reconoció que este sindicato ha suscrito el acuerdo porque "abre un camino de futuro que puede ayudar a mejorar las condiciones de los funcionarios", pese a que, desde el punto de vista retributivo, "no es satisfactorio porque no garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios".