El gasto de las comunidades alcanzará al del Estado por primera vez en 2003
El poder político y económico que han ido acumulando en los últimos ejercicios las comunidades autónomas, fruto del paulatino traspaso de competencias, queda reflejado claramente en los presupuestos regionales para el próximo año, que ya han sido aprobados por la mayoría de los ejecutivos autónomos y están en fase de tramitación parlamentaria.
Y es que el año 2003 es el primero en que se recoge la aplicación definitiva del nuevo modelo de financiación autónoma aprobado en 2001 y que dota de mayores recursos a las comunidades. Los presupuestos para 2002 han tenido un carácter transitorio, al no haber asumido aún gran parte de ellas las competencias sanitarias cuando éstos fueron diseñados.
Para 2003, en cambio, se vislumbra en los presupuestos regionales, el verdadero poder de estos entes territoriales, que gestionarán algo más del 40% del gasto público total. En concreto, el presupuesto global de todas las comunidades autónomas alcanzará en 2003 111.907 millones de euros, una cifra similar a los 114.000 millones de euros de techo de gasto no financiero que se ha presupuestado para el Estado (a excepción del de la Seguridad Social). Será el primer ejercicio en que comunidades y Estado gestionen la misma cantidad de fondos públicos, lo que da prueba del grado de descentralización que se ha alcanzado.
Las comunidades que ya tenían asumida la sanidad tendrán un aumento de su presupuesto en torno al 7%, mientras que las que han recibido estas competencias elevarán sus gastos, en algunos casos por encima del 60% como es el caso de Murcia y Baleares. Todas ellas están obligadas a mantenerse en equilibrio, al contrario que el Estado, para el que el Gobierno ha previsto un déficit del 0,5% del PIB.
Esta circunstancia ha levantado ampollas, sobre todo en los Ejecutivos regionales gobernados por el PSOE y los nacionalistas (CiU en Cataluña y PNV, en Euskadi), que han sugerido la posibilidad de incurrir también en déficit para aumentar las inversiones públicas en sus territorios. Por su parte, el Gobierno central ha dotado de un fondo de suficiencia de 23.000 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación entre regiones ricas y pobres. La estructura del gasto de las comunidades, una vez transferidas las últimas competencias, se basa en un predominio de las partidas dedicadas a sanidad y asuntos sociales, que acaparan más de la mitad de sus presupuestos, seguidas del montante destinado a inversiones y de las crecientes partidas dedicadas a entes empresariales de nueva creación. La cercanía de las elecciones autonómicas (mayo del 1993) ha sido utilizada por muchos Gobiernos regionales para aprobar medidas de escaso impacto recaudatorio, pero sí de calado social y electoralista. Muchas de ellas parten de la mayor competencia normativa en impuestos. El Ejecutivo de Murcia, por ejemplo, tiene previsto ampliar de 3 a 5 puntos la deducción autonómica por compra de vivienda para menores de 35 años, cuya renta no supere 9.000 euros anuales. El de Cantabria reducirá el impuesto de sucesiones para la mayoría de los contribuyentes, pero lo compensará con una subida en transmisiones y actos jurídicos documentados. Andalucía ha establecido mayores deducciones familiares en el tramo autonómico del IRPF.