El Congreso aprueba la Ley Financiera tras ocho meses de tramitación
La Ley de Reforma del Sistema Financiero superó hoy su último trámite en el Congreso de los Diputados, donde quedó definitivamente aprobada con los votos a favor de PP, CiU y Coalición Canaria, ocho meses después de la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo.
Pese a que esta Ley ha sido objeto de numerosos debates parlamentarios a su paso por el Congreso y Senado, los grupos no desaprovecharon la oportunidad para dejar patentes sus diferencias, especialmente en los artículos que se refieren a la regulación de las cajas de ahorro.
Esta nueva Ley ha tenido que superar enmiendas a la totalidad de la oposición tanto en el Congreso como en el Senado, así como varios centenares de enmiendas parciales, muchas de ellas incorporadas al texto del proyecto, fundamentalmente del PP y CiU.
El trámite llevado a cabo hoy en el Congreso, que sólo exigía la sanción de las modificaciones introducidas en el Senado, ha servido para aprobar definitivamente un proyecto con el que el Gobierno pretendía adaptar la prestación de servicios financieros a la nueva realidad del mercado e incorporaba las propuestas emanadas de la Comisión Parlamentaria que investigó el caso Gescartera.
La Ley Financiera, reforma alrededor de una veintena de leyes financieras, aunque, como quedó claro en el debate parlamentario, la parte más polémica correspondió a la regulación de las cajas, un asunto que no estaba incluido en el proyecto emanado del Gobierno y que se ha ido incorporando a través de enmiendas parciales.
Normativa
La nueva normativa da vía libre a la emisión de cuotas participativas por parte de las cajas de ahorros, que deben servir como instrumento para aumentar sus recursos propios, pero nunca para su privatización, según los grupos políticos.
Además, la Ley limita al 50% la presencia de representantes de organismos públicos en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro e, incluso, fija los 70 años como edad máxima para los miembros de sus consejos, aunque esta última cuestión podrá modificarse por las regiones que legislen sobre esta materia.
Se limita a 12 años el periodo máximo que una persona puede permanecer en los órganos de las cajas de ahorro y se aumenta la presencia de impositores y empleados en las asambleas generales y en los consejos de estas entidades.
En cuanto a las auditoras, la Ley establece que las empresas cotizadas y aquellas cuyo volumen de facturación anual supere los 30 millones de euros no podrán ser auditadas por el mismo socio y equipo de una firma determinada durante más de siete años.