Cajas de Ahorros

Madrid, primera comunidad en aplicar la Ley Financiera

El Gobierno regional reducirá la participación de las Administraciones públicas en los órganos de gobierno de Caja Madrid hasta el 33% y permitirá la incorporación a la estructura de la única caja de ahorro de la región de entidades representativas de la sociedad madrileña.

El Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, tiene como objetivos prioritarios "aumentar la profesionalización y la eficacia y mantener la tutela por parte de las Administraciones públicas sin que ello suponga su politización.

La legislación diseñada por el Ejecutivo madrileño es la primera de España que se ha concebido en forma de proyecto de ley, cumplirá los requisitos establecidos a nivel nacional por la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, e incluirá medidas específicas para las cajas de ahorro con sede social en la Comunidad de Madrid, como la incorporación de las asociaciones representativas.

Participación pública

La Comunidad de Madrid limitará la participación de las Corporaciones locales y de la Asamblea de Madrid en las cajas de ahorro hasta el 33%, lo que se sitúa dentro de los límites establecidos por la legislación nacional, que establece una cuota máxima del 50 %. Este porcentaje supone una disminución proporcional de la representación de estas entidades en un 25%.

Aún así, Ruiz-Gallardón ha explicado que el porcentaje de las entidades públicas en Caja Madrid podría llegar hasta el 41% si la Casa Real, acreedora del 20% de la participación en calidad de entidad fundadora, renunciara a sus derechos, como ha venido haciendo en los últimos años. De esta forma, su cuota de participación sería prorrateada entre el resto de entidades de forma proporcional a su nivel de representación.

Por su parte, los impositores y los empleados de las cajas tendrán una participación del 28 y el 8% respectivamente, porcentajes que se acercan a los limites mínimos establecidos por el Gobierno central, que obliga a una representación de los primeros de entre el 25 y el 50%, y de entre el 5 y el 15% para los segundos.

Entidades representativas

El Proyecto de Ley establece un periodo máximo de permanencia de 12 años, distribuidos en dos mandatos de 6, para los cargos de consejero general, vocal del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Control. El nombramiento de todos ellos tendrá un carácter irrevocable.

La legislación autonómica creará un nuevo sector de participación formado por "entidades representativas" del ámbito "social, cultural, científico, cívico o profesional" cuyos logros dependan de "su arraigo geográfico y social", con la finalidad de "aumentar los niveles de democratización y profesionalización" de las cajas de ahorro con sede en la Comunidad de Madrid.

Estas entidades dispondrán de un 11% de participación en los órganos de gobierno de las cajas y "serán invitadas" por el Consejo de Administración de éstas, según ha señalado Ruiz-Gallardón, que ha aclarado que el Consejo de Gobierno podrá ejercer "el derecho de veto a través de una resolución motivada".

El Proyecto de Ley establecerá la edad máxima de los vocales del Consejo de Administración en 70 años, y ampliará la incompatibilidad de permanencia en el cargo a los alcaldes, concejales y altos cargos de cualquier entidad pública.