El fracaso del pacto PP-PSOE enturbia los avances de la reforma de las cajas
Las cajas de ahorros acogieron ayer con satisfacción la nueva regulación para el sector recogida en la Ley Financiera. Lamentaron, no obstante, el empecinamiento de las posiciones partidistas, que ha impedido que el futuro de estas entidades se decida por consenso político, y pidieron a los políticos 'más respeto' por el sector.
Lo cierto es que la ausencia de un pacto político en una reforma de tanta trascendencia abre un proceso de incertidumbre y de inestabilidad normativa, sobre todo para las cajas de las seis comunidades autónomas donde gobierna el PSOE. Y es que a partir de la entrada en vigor de la ley en noviembre se abre un proceso de adaptación de los estatutos de las propias cajas y de las leyes autonómicas que se presume también tenso.
El portavoz socialista de economía, Jordi Sevilla, acusó ayer al Gobierno de 'grave irresponsabilidad' por aprobar cambios sustanciales para la mitad del sector financiero en contra de la opinión del principal partido de la oposición. Sin embargo, tanto el PP como el sindicato Comisiones Obreras, uno de los agentes que más han influido en las negociaciones, apuntaron ayer directamente contra los socialistas como principales causantes del bloqueo de las negociaciones.
Los grupos estuvieron muy cerca el miércoles de lograr un pacto de última hora en el Senado, con la aceptación de algunas de las demandas del PSOE. æpermil;ste, a su vez, estaba dispuesto a aceptar las cuotas participativas, un instrumento al que es contrario conceptualmente, a cambio de algunos retoques técnicos, como la reducción del porcentaje que debían representar sobre el patrimonio de las cajas. Pero desencuentros y errores en la comunicación entre los negociadores hicieron imposible que los acuerdos se plasmaran por escrito y dieron al traste con el ansiado pacto.
Para el sector, el límite al 50% del patrimonio en la emisión de este instrumento (25% en los dos primeros años) es suficiente para evitar un exceso de emisión de cuotas o una dilución del patrimonio. æpermil;ste asciende en la actualidad a 27.000 millones de euros, lo que significa que en la hipótesis muy improbable de que todas las cajas utilizaran este instrumento podrían emitir hasta 13.500 millones de euros. En todo caso, los cuotapartícipes nunca tendrían más de un tercio del patrimonio de las cajas.
Privatización
Esta circunstancia es uno de los argumentos que esgrime el sector para dar por zanjado el debate sobre si las cuotas abren o no la vía de la privatización. Fuentes de las cajas aseguraron ayer que 'la ley refuerza apreciablemente el carácter de fundaciones privadas de las cajas, al tiempo que evita que se las considere como entidades públicas', al reducir al 50% el peso de la representación política en sus órganos de gobierno.
En su opinión, las cuotas participativas introducen los blindajes necesarios y ofrecen las máximas garantías para evitar que se cuele el capital privado, uno de los temores que retraían hasta ahora a estas entidades de utilizar este instrumento, pese a estar regulado desde el real decreto de 1990.
La nueva normativa acaba con las imprecisiones, a juicio del sector. Así, elimina cualquier tipo de derecho político para los cuotapartícipes e incluye una cláusula de amortización automática para el supuesto de producirse una modificación del régimen jurídico.
Igualmente, para Comisiones Obreras la eliminación de los derechos políticos, que no sea obligatoria la creación del sindicato de cuotapartícipes ni básica la manera de elegir los representantes de los impositores, así como elevar al 15% la representación de los trabajadores 'alejan el riesgo de privatización' que representaba el texto aprobado por el Congreso de los Diputados en junio. En este sentido, el PSOE se quedó ayer solo en la apreciación de intenciones privatizadoras en esta reforma.
Comisiones echó también en cara al PSOE haber incumplido un pacto por el que este partido se habría comprometido con el sindicato a apoyar una enmienda con la que se elevaba hasta el 20% el peso de los trabajadores en los órganos de gobierno.
La responsable del sector en el sindicato, María Jesús Paredes, sugirió que se utilice la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para plasmar el consenso que no ha sido posible en la Ley Financiera, sugerencia mal recibida por Jordi Sevilla.