El Senado aprueba la Ley Financiera tras casi dos años de maduración
El Pleno del Senado aprobó ayer el texto definitivo de la Ley Financiera, después de que no prosperasen sendas propuestas de veto del PSOE, IU y Entesa Catalana de Progrés, y lo devuelve al Congreso para su sanción definitiva, sin posibilidad de enmienda.
Las comunidades autónomas tendrán la capacidad de incorporar en las asambleas generales de las cajas otros grupos de representación distintos de los que ya reconoce la norma corporaciones municipales, entidades fundadoras, impositores y empleados, según una enmienda transaccionada de CiU que fue introducida ayer en el proyecto aprobado de Ley Financiera.
El texto enmendado de la Ley Financiera, aprobado con el respaldo de PP, Coalición Canaria y CiU y que será remitido al Congreso para su aprobación definitiva, precisa que los miembros de las asambleas serán nombrados, ¢por lo menos¢, de los anteriores cuatro grupos, lo que deja la puerta abierta a la inclusión de otros colectivos como los agentes sociales sindicatos, universidades, patronales, etc..
CiU ha logrado modificar también a última hora el texto que se remitirá a la Cámara baja para que se incremente la capacidad de las comunidades en materia de regulación de los institutos de crédito oficial autonómicos, a los que permitirá financiar la inversión de empresas públicas o de administraciones con leasing.
Los grupos parlamentarios respaldaron además por unanimidad una enmienda que limita la responsabilidad que se derive de las auditorías a los socios concretos que realicen los trabajos de supervisión de las cuentas de las compañías y a las firmas auditoras a las que pertenezcan.
Esta reforma, apoyada expresamente por el sector de economistas auditores de cuentas, restringe así la responsabilidad e impide que tenga que ser asumida por todos los socios de la compañía, con independencia de que participen o no en la elaboración de los documentos concretos de los que se deriven los conflictos.
A las puertas se ha quedado, no obstante, la posibilidad de retocar de nuevo la regulación sobre las cuotas participativas.
Auditoras y redondeo
El proyecto de Ley Financiera también se ha dejado fuera la propuesta de incrementar al 20% el peso de los trabajadores en los órganos de las cajas, por la oposición del PSOE de reducir el peso de los impositores.
El proyecto deja en manos de las comunidades autónomas decidir regular para modificar el límite de edad de 70 años establecido para la elegibilidad de los consejeros, en ley como norma básica.
En cuanto a las auditoras, establece que las empresas cotizadas y aquellas que facturen más de 30 millones no podrán ser auditadas más de siete años por el mismo socio y equipo de una firma.
El proyecto crea tres nuevos órganos administrativos de defensa de ahorradores, inversores, asegurados y partícipes en fondos de inversiones. Por último limita a un máximo de 0,125 puntos el redondeo en las hipotecas a interés variable y si se realiza se haga en el intervalo pactado más próximo.