Berlín exige un recorte de las ayudas a los futuros miembros de la UE
Dinamarca, que ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE, asegura que ningún país miembro se atreverá a asumir la responsabilidad de retrasar la ampliación. Pero lo cierto es que la última reunión de alto nivel antes de la cumbre de primeros ministros de este jueves se saldó ayer con unos acuerdos limitados al ámbito institucional de la ampliación y al compromiso de que ningún candidato se convierta en contribuyente tras el ingreso.
'El Consejo de Ministros concluye las preparaciones técnicas de la Cumbre de Bruselas', señaló el titular de Exteriores danés, Per Stig Moller. 'Ahora es el momento para las decisiones políticas'.
Moller reconoce que aún quedan pendientes 'unas negociaciones muy complicadas', pero asegura que 'llegaremos a un acuerdo el viernes. Todos sabemos lo difícil que es, pero también lo que nos jugamos'.
Los Quince han dejado para el final la negociación de los capítulos financieros de la ampliación, cuya factura inicial se calcula que ascienda a 45.000 millones de euros hasta 2006. Hasta ahora, el único punto de partida común que vislumbra el comisario de Ampliación, el alemán Günter Verheugen, se encuentra 'en el acuerdo básico de que cualquier incremento del gasto a partir de 2006 que se derive de la ampliación deberá compensarse con un recorte del gasto en alguna otra partida'.
La discusión gira sobre el futuro de los subsidios agrícolas y muy en concreto sobre los pagos directos a los agricultores. Aunque parece haber consenso en no vincular la ampliación con la reforma de la política agrícola común, Alemania decide recortar una partida que supone el 50% del presupuesto comunitario.
Alemania también quiere reducir los pagos para los nuevos miembros propuestos por la Comisión con cargo a los fondos estructurales. Bruselas prevé que esa partida ascienda en tres años a 25.567 millones de euros, pero Berlín quiere reducirla a 21.400 millones. Holanda y Reino Unido aprueban ya esta iniciativa que se encuentra con la clara oposición de España, Portugal y Grecia. Estos tres países temen que los recortes a la política regional se generalicen tras la ampliación.
El mismo temor atenaza a Francia en política agrícola, de la que es el país más beneficiado. París advierte que si se aprovecha la ampliación para reformar subrepticiamente la PAC, la negociación puede complicarse. Francia esgrime, incluso, la posibilidad de cuestionar el llamado 'cheque' británico, que la primera ministra Margaret Thatcher arrancó a los socios comunitarios para compensar la supuesta contribución excesiva del Reino Unido. Gracias a ese cheque Gran Bretaña se convirtió en 2001 en receptor neto de fondos comunitarios (recibe más de lo que aporta), dejando el papel de contribuyente neto a Alemania, Francia, Holanda, Austria y Suecia.
Los ministros de exteriores consiguieron resolver ayer, al menos, todos los apartados de la negociación institucional, entre ellos el ajuste de las cuotas de poder en el consejo y en el Parlamento Europeo tras la incorporación de 10 nuevos países.