La CE apoya el ingreso de 10 países en 2004, aunque duda de su preparación
Sólo Chipre, Malta y Eslovenia superaron ayer con holgura el último examen comunitario, en teoría, para su adhesión a la UE en 2004. Los siete restantes -Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Estonia y Lituania-, aunque también recibieron el visto bueno para concluir las negociaciones de adhesión ese mismo año e incorporarse 18 meses después, merecieron agrias recriminaciones por el estado de preparación en algunas áreas.
La corrupción rampante, la discriminación sexual y étnica y la falta de garantías judiciales y administrativas lastran todavía, según los informes presentados ayer por la Comisión Europea, la situación de estos países de Europa Central.
Las carencias son tales que la Comisión acordó ayer realizar un último examen de control entre la firma del tratado de adhesión (prevista para la primavera de 2003) y su ratificación. De este modo, 'la CE alertará a nivel político de cualquier retraso o problema en el proceso de reforma económica y de cumplimiento de los compromisos' adquiridos por los candidatos.
La Comisión confía, no obstante, en que los 10 países realicen un último esfuerzo para rellenar las lagunas legales o económicas que ayer subrayó cada informe. 'Nuestra preocupación se centra en los sistemas administrativo y judicial de estos países, que se encuentran debilitados por una falta de recursos financieros y, sobre todo, humanos', señáló el presidente de la Comisión, Romano Prodi, durante la presentación de los informes ante el Parlamento Europeo.
La ayuda comunitaria para la modernización de la Administración y la justicia se incrementará este año en 250 millones de euros, hasta alcanzar los 1.000 millones. Además, la CE detalló ayer a los futuros socios cómo deberán utilizar los 380 millones de euros que para ese mismo capítulo se les han asignado en los Presupuestos de 2004 a 2006.
El coste de un retraso
Prodi y el comisario europeo de Ampliación, Gunter Verheugen, reconocieron, eso sí, el ingente esfuerzo de adaptación realizado por la mayoría de estos países, cuya transformación se ha producido sólo 13 años después de la caída del muro de Berlín. 'Merecen todo nuestro respeto', señaló el comisario.
Ambos subrayaron el carácter histórico del proceso que, según Verheugen, 'no habrá concluido hasta que también se incorporen Rumania y Bulgaria'. Prodi consideró 'realista' que estos dos países puedan ingresar en 2007.
La factura total del ingreso de los 10 primeros países no rebasará, según la CE, los 40.000 millones de euros hasta 2006. De esa cifra, sólo 25.000 millones se prevén como créditos de pago (los gastados efectivamente), mientras que el resto figura como crédito de compromiso. Ninguno de los nuevos miembros será contribuyente neto al Presupuesto comunitario durante el primer o primeros años, pero su aportación total durante el trienio inicial puede llegar a 15.000 millones de euros.
'No oculto que la adhesión de nuevos miembros supondrá una significativa financiación durante los próximos años', admitió Prodi. 'Pero el coste de la no ampliación sería aún mucho mayor'. Prodi recordó que la UE se beneficiará de un continente estable y unificado y del mayor mercado único del mundo. Turquía es la última pieza perdida del proyecto, y ansía una fecha para comenzar las negociaciones de adhesión. Ayer, de momento, sólo obtuvo buenas palabras y el doble de ayuda comunitaria para el año 2003 (casi 400 millones de euros). El europarlamentario liberal Graham Watson pidió una señal clara 'de que no somos un club de élite cristiano'. También deberá esperar.
Vigilancia exhaustiva a los aceptados en el periodo de tránsito
La vigilancia exhaustiva sobre los países de Europa Central y del Este se prolongará más allá incluso de su adhesión, en un caso inédito en la historia de la Unión Europea. La Comisión Europea propuso ayer reservarse durante dos años un mecanismo de salvaguarda para congelar durante el tiempo que se considere preciso ciertos elementos del proceso de integración. Bruselas podría invocar esta cláusula a título propio o a instancias de un Estado miembro. Las áreas sometidas a vigilancia especial serán las normas de mercado interior (incluida la seguridad alimentaria) y la política comunitaria de Justicia e Interior. La activación del mecanismo puede suponer, por ejemplo, la suspensión de los acuerdos de mutuo reconocimiento en un proceso judicial. 'No es porque los países candidatos supongan un riesgo', justificó la iniciativa el comisario de Ampliación, Gunter Verheugen. 'Pero, honestamente, no sabemos las dificultades que pueden surgir en los dos primeros años tras la adhesión'. La Comisión muestra su inquietud, sobre todo, por las consecuencias del ingreso en áreas como la salud, el medio ambiente y la protección de la propiedad intelectual. Algunos comisarios llegaron a pedir que la cláusula fuese invocable hasta 15 años. Y aunque al final se optó por un periodo más corto, lo cierto es que una vez invocada es la propia Comisión Europea la que fija el periodo de suspensión que puede prolongarse tanto como considere oportuno. El Grupo Socialista y los liberales apoyaron la iniciativa en el Parlamento Europeo, donde la Comisión presentó sus informes sobre los progresos de los países candidatos. 'No podemos permitir que se debilite el mercado interior', afirmó el portavoz socialista, Gary Titley, que señaló como áreas preocupantes la política de competencia de los futuros miembros y sus regímenes de ayuda de estado.