La Cadena SER recurre la decisión del Supremo de segregar Antena 3 Radio

Araíz del auto elaborado por el Tribunal Supremo el pasado día 25 de septiembre y comunicado a las partes el 11 de octubre, el director general de Defensa de la Competencia dictó una resolución el pasado lunes por la cual se modificó el plan de resolución propuesto por las empresas e imponía un plazo confidencial para llevar a cabo dos actuaciones.

Por una parte, resolver los negocios jurídicos en los que se instrumentó la operación de concentración y presentar un informe detallado de su cumplimiento. Por otra, realizar las actuaciones necesarias para garantizar la separación efectiva de la gestión operativa y económica de Antena 3 Radio respecto a la SER.

Además, instaba a presentar un informe detallado de su cumplimiento, especificando 'los cambios producidos en la estructura de las partes en cuanto a su composición accionarial, estructura de control, sistema de gestión, medios personales y técnicos y convenios de programación'.

Ante estos hechos, Antena 3 Radio, Unión Radio y la Cadena SER dejaron patente ayer que todas sus actuaciones se han desarrollado en el más estricto y escrupuloso respeto a la legalidad vigente y acatando las decisiones de los órganos administrativos y jurisdiccionales.

Anunciaron que 'interpondrán todos los recursos que la legislación española y comunitaria les concede' ante lo que consideran 'una invasión abusiva contras sus derechos'.

Además, aseguraron que 'anular efectivamente una operación de concentración ocho años después de haber sido autorizada y basándose en una interpretación discutible de una legislación que el Gobierno, como ya ha anunciado, tiene intención de modificar en el actual periodo legislativo, supone crear un marco de inseguridad jurídica para el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica en nuestro país'.

Y concluyeron que, 'habida cuenta de la situación real de los medios de comunicación en España, nos parece tendenciosa y ridícula la mera opinión de que la operación de concentración de la SER y Antena 3 Radio, autorizada en 1994, haya puesto en peligro en ningún momento el pluralismo informativo'.

Plan de resolución

Las tres empresas presentaron ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2001 un plan de resolución de los acuerdos societarios que permitieron la fusión. Ambas instancias emitieron sendos informes favorables.

La Abogacía del Estado promovió un incidente de ejecución ante el Tribunal Supremo solicitando que determinara si de esa forma se daba cumplimiento a la sentencia.

Y el Supremo resolvió el incidente, en el citado auto de 25 de septiembre de 2002, acordando 'que no cabría afirmar que la mera propuesta presentada fuera suficiente mientras que el órgano obligado a llevar a puro y debido efecto la sentencia no analice si, tras la ejecución de dicha propuesta, queda o no algo que practicar para preservar lo que aquella operación de concentración puso en riesgo, que no fue sino el pluralismo informativo en el sector de los medios de radiodifusión sonora'.

Un largo pulso jurídico

La integración de la SER y Antena 3 Radio se produjo en 1992. A mediados de ese año, varios ejecutivos de Antena 3 Radio forzaron al presidente de la entidad, Javier de Godó, a dimitir. En julio de 1992, el Grupo Godó y Prisa llegaron a un acuerdo para colaborar en el sector de la radio. Como resultado, en 1993 constituyeron Unión Radio, para dotar de estructuras eficaces a sus proyectos. La nueva empresa se encargaría de gestionar determinadas áreas de la SER y Antena 3 Radio. La fusión se autorizó con condiciones, a resultas de lo cual la empresa tuvo que desinvertir en 17 emisoras. En 1994, un grupo de periodistas, encabezados por el antiguo director general de Antena 3 Radio, interpusieron un recurso solicitando la anulación del acuerdo del Gobierno que autorizó la concentración. En junio de 2000 el Tribunal Supremo estimó en parte dicho recurso y declaró anulable el acuerdo del Gobierno. Fuentes jurídicas explicaron que no existen precedentes en la Comunidad Europea de que un tribunal anule una operación de concentración aprobada por el Ejecutivo más de seis años después de ser autorizada. En noviembre de 2001, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el que se daba cumplimiento a la sentencia.