Entra en vigor la §Ley de Internet' española
Hoy entra en vigor la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), una norma impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para regular la actividad económica en la Internet española.
El texto final de la LSSICE, aprobado el pasado 11 de julio tras casi dos años de tramitación, tipifica diversos aspectos de la actividad cibernética, desde el comercio o la contratación electrónica hasta la resolución extrajudicial de conflictos o los códigos voluntarios de conducta.
El desarrollo de la ley no ha estado exento de polémica, sobre todo los artículos que se refieren a la obligatoriedad de los sitios web de registrar los dominios bajo los que operan en la Red, la exigencia a los proveedores de almacenar los datos de navegación de sus clientes o la posibilidad de que la Administración pueda cerrar un sitio web, y no un juez como hasta ahora, extremo negado por Ciencia y Tecnología.
Las últimas críticas han venido de las Cámaras de Comercio, la Asociación Nacional de Empresas de Internet y la Asociación de Usuarios de Internet, que en su sitio web acusa al Ministerio de "no resolver la ambigüedad" de la ley y de haber hurtado el debate de su desarrollo por medio de las enmiendas en el Senado.
§Páginas caídas§ contra la LSSI
Los responsables del sitio web Kriptópolis, que durante algún tiempo lideraron la protesta contra la ley de Internet, han convocado para hoy una campaña de "páginas caídas", para protestar contra la LSSICE y exigir su retirada. Durante toda la jornada, los sitios web que se adhieran a la campaña permanecerán cerrados, mostrando únicamente un mensaje de rechazo a la ley.
Los convocantes de la protesta consideran que la nueva Ley se inscribe en la campaña contra las libertades en Internet que tiene su origen en el recorte de derechos civiles que, a nivel mundial, ha supuesto la §guerra contra el terrorismo§ decretada por George W. Bush tras los ataques terroristas del 11-S.
Para los responsables de Kriptópolis, la LSSIEC supone, entre otras cosas, que ¢cualquier ciudadano que se conecte a Internet deberá resignarse a que todas sus actividades en la Red puedan ser cuidadosamente registradas, y almacenadas durante un año a disposición de quien convenga (o quizás no). Al menos dos derechos constitucionales (la presunción de inocencia y el secreto de las comunicaciones) se encuentran aquí en peligro¢.