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Columna
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La dignidad del trabajo

José María Zufiaur subraya las que considera graves repercusiones de la precariedad en el empleo, tanto sobre la protección social de los propios trabajadores como sobre el conjunto del sistema de la Seguridad Social

Las manifestaciones en toda España el mismo día de la huelga general del 20 de junio contra el decretazo del Gobierno que restringe las prestaciones de desempleo, y la concentración del pasado sábado en Madrid con el mismo motivo, se han caracterizado por tres cosas: ser muy masivas, la presencia en las mismas de jóvenes en porcentajes totalmente inhabituales en anteriores ocasiones y porque se han vuelto a ver manifestantes portando pegatinas con el anagrama del PSOE, cosa que no sucedía desde hace 15 años en este tipo de movilizaciones sindicales.

La masiva contestación a la imposición gubernamental ha tenido ya algunas consecuencias. La primera, la sensible reducción de las expectativas electorales del partido del Gobierno, al tiempo que el paralelo incremento de las de la oposición.

Y, como consecuencia, la rectificación del Gobierno, que ha anunciado su decisión de modificar capítulos centrales del decretazo -la definición de oferta adecuada de empleo, los salarios de tramitación, el tratamiento de los trabajadores fijos-discontinuos y de los eventuales agrarios-, aunque está por ver si quiere hacerlo de manera sustancial o sólo cosmética.

La notoria afluencia de jóvenes a las manifestaciones sindicales puede indicar que los 'hijos de la precariedad' comienzan a ser conscientes de sus problemas

La multitudinaria concentración del sábado es, a la vez, renovada exigencia al Gobierno para que desactive la reforma y respaldo a las organizaciones sindicales para que rechacen operaciones tendentes a cambiar lo accesorio para mantener lo medular del proyecto gubernamental.

La novedosa, por notoria, afluencia de jóvenes a las manifestaciones sindicales -a pesar de que muchos de ellos no estén afiliados a los sindicatos y sean, incluso, críticos con los mismos- puede indicar, por otra parte, que los hijos de la precariedad comienzan a ser conscientes de sus problemas (inestabilidad y precariedad laboral, imposibilidad de estructurar una carrera profesional, dificultades extremas para comprar una vivienda, independizarse del hogar familiar y cimentar un proyecto vital autónomo) y a reivindicarlos.

Si estuviéramos asistiendo, en efecto, a una reacción de las nuevas generaciones ante las sucesivas degradaciones que ha sufrido el trabajo asalariado en las dos últimas décadas, podría tener notables consecuencias en los programas de la izquierda y en sus expectativas electorales. Claro que eso dependerá de la respuesta que los sindicatos y los partidos de izquierda den a los problemas laborales de los jóvenes.

De momento, la normalización de la presencia de los militantes socialistas en las últimas manifestaciones convocadas por las organizaciones sindicales, es un dato positivo. Los líderes sindicales en sus alocuciones del sábado demandaron que la izquierda, desde el ámbito político, complete lo que no llegue a conseguir la movilización sindical. Para ello es necesario que la izquierda con posibilidades de acceder al Gobierno arrincone aquella nefasta filosofía de los primeros Gobiernos socialistas -'más vale empleo precario que ninguno'- y coloque entre sus prioridades programáticas la lucha por la dignificación del trabajo.

Un estudio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el efecto de la sustitución del empleo en el sistema de la Seguridad Social, basado en una muestra de 453.287 entradas en el primer semestre de 2001, enseña hasta qué punto la precariedad tiene múltiples, y poco analizados, efectos negativos.

Lo primero que destaca es que sólo el 8,7% de las nuevas entradas son trabajadores con contratos indefinidos a tiempo completo. A su vez, en los sectores que absorben el 70% de los nuevos contratos (construcción, comercio y hostelería y Administración pública y servicios técnicos, entre los que se incluyen las empresas de trabajo temporal) el contrato indefinido a tiempo completo empieza a ser una especie en vías de extinción; y en los sectores más vinculados al Estado del bienestar, como educación y servicios sanitarios y sociales, es donde, aparte del sector de la construcción, se está creando el empleo más precario.

De la insostenible rotación del empleo da muestra este dato: 16 millones de altas frente a l5,5 millones de bajas en 2001. Más de la mitad de los contratos que se celebran tienen duración inferior a seis meses, un tercio dura menos de un mes y, dentro de éstos últimos, el 52% dura menos de una semana. Otro dato muy significativo: las bases de cotización de los nuevos cotizantes son, en media, un 37,43% inferiores en relación a las del conjunto del sistema. Y las de las nuevas contrataciones femeninas, un 13,35%, también en media, inferiores a las de los varones.

Las graves repercusiones de la precariedad, tanto sobre la protección social de los trabajadores -contingencias de desempleo, enfermedad, maternidad; pensiones de jubilación e invalidez-, como sobre el conjunto del sistema de la Seguridad Social (se necesitan enormes flujos de entrada para compensar la menor cuantía de cotizaciones y la enorme rotación del empleo), es uno de los aspectos menos atendidos de la degradación que está sufriendo el trabajo en nuestro país.

Y que, más allá de lo que suceda con la rectificación del decretazo, exige medidas urgentes. Porque, remedando a Abraham Lincoln, quien dijo que 'la educación es cara, pero imagínense el coste de la ignorancia', el coste de la 'no calidad' del empleo en nuestro país es, siempre que se hagan las cuentas completas, inmenso.

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