Responsabilidad política y estabilidad presupuestaria
La unidad de acción política y económica en Estados de estructura descentralizada exige y justifica la adopción de medidas estructurales tendentes a coordinar las políticas presupuestarias de las jurisdicciones territorialmente inferiores. Si además ese Estado se encuentra imbuido en un proceso inconcluso de supranacionalización, que demanda respuestas internas para la efectiva consecución de los objetivos comunitarios, habrá que convenir que las leyes de estabilidad presupuestaria responden, desde la caracterización lógica de un modelo complejo, a esa aspiración política. Así tuve ocasión de manifestarme a propósito de mi intervención en el seminario organizado por la Universidad del País Vasco, Viviendo en un mundo de presupuestos equilibrados, que, con la colaboración de la Fundación BBVA, coordinaba con su habitual acierto y diligencia el profesor José Manuel González-Páramo.
No han faltado las críticas de quienes desde un mendaz y alevoso oportunismo político han negado al Estado la condición de moderador de este debate en el nuevo escenario presupuestario, haciendo baldón de las normas y derivando extralimitaciones constitucionales, allí donde el Tribunal Constitucional ha reconocido un dominio efectivo al principio de coordinación a favor de éste -entre otras cuestiones, el Tribunal Constitucional ha hecho reconocimiento de la reserva al Estado de la competencia para autorizar la emisión de deuda pública, el establecimiento de un tipo único de interés legal, el reconocimiento de un mercado económico unitario o la fijación de la tasa de incremento de las retribuciones de los empleados públicos-.
Causa alarma que desde determinadas formaciones políticas, y en función de dónde arrecie el temporal, se tome la deriva de la coordinación cuando el electorado así lo demanda, o se opte por la autonomía si el proceso político así lo exige. Por el contrario, con las leyes de estabilidad presupuestaria se diseña un dispositivo permanente y eficaz de cooperación interadministrativa, que va a permitir que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se abra un debate multilateral entre las comunidades autónomas sobre la política económica unitaria de España.
Así, el Consejo de Política Fiscal y Financiera no sólo determinará el objetivo individual de estabilidad presupuestaria para todas las comunidades, sino que será el órgano encargado de evaluar los programas de corrección y saneamiento de aquellas Administraciones territoriales que incurran en una situación de inestabilidad presupuestaria.
La nueva urdimbre financiera de la estabilidad habría devenido inútil si no se hubiese acompasado de medidas efectivas de publicidad política y administrativa.
Sin embargo, será difícil que determinados críticos reconozcan esta virtud a la norma cuando se obstinan en restar credibilidad a la información contable que proporciona la Intervención General de la Administración del Estado y aun Eurostat, órgano de supervisión de las cuentas nacionales de los Estados miembros de la UE.
Frente a los incrédulos y los escépticos que todavía consideran válido el diálogo de Sócrates con Glaucón, recogido en los Recuerdos de Sócrates -'dejemos para otra ocasión el proyecto de enriquecer a la Ciudad; porque, en efecto, ¿cómo podríamos pensar en ello antes de conocer el monto de sus gastos e ingresos?'-, el nuevo orden de control de las instituciones presupuestarias enerva cualquier duda que, consciente o inconscientemente, pretenda plantearse.
A través de las leyes de estabilidad presupuestaria se van a producir debates específicos en el seno de las asambleas regionales de las comunidades autónomas y en los plenos de las corporaciones locales sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y se mantendrá actualizada una central de riesgos de las comunidades, de carácter público, que proveerá de información sobre el estado del endeudamiento de cada Administración territorial.
Y, por fin, last but not least, el cierre de ingeniería de este modelo estriba en la eficiencia como principio angular de actuación de los poderes públicos. Así, en una envolvente financiera de estabilidad presupuestaria y de compromiso político con las tesis de reducción de la presión fiscal, al actor político le queda margen para racionalizar sus políticas de gasto sobre la base de gestionar el presupuesto más eficazmente.
A ese desafío está respondiendo el Estado, con unos Presupuestos ajustados a las condiciones del entorno económico y coherentes con las políticas prioritarias de gasto que permitirán mantener la senda de crecimiento en nuestro país y unas bases firmes para la creación de empleo. Sin embargo, no dejará de existir alguna Casandra política que niegue el equilibrio presupuestario, y ello a pesar de que todos los años se cumpla la parábola del abejorro expuesta por Galbraith: los expertos en aeronáutica, año tras año, negaban la capacidad fisonómica de estos animales para el vuelo y, sin embargo, todos los años, cada primavera, un rumor de alas seguía remontando el panal.