¿Deben llevar las leyes memoria económica?

El tema es de carácter general, pero ha saltado la polémica con motivo del Proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza.

El Gobierno ha remitido al Congreso el citado proyecto sin adjuntar la memoria económica que haga una evaluación de su coste.

El Partido Socialista e Izquierda Unida han solicitado del Gobierno la memoria económica. En apoyo de sus tesis el PSOE cita la Constitución, el Reglamento del Congreso y la Ley del Gobierno de 1997; por el contrario, el Gobierno remite a la Cámara un escrito en el que descarta enviar al Parlamento nuevos documentos, reiterando que la evaluación del coste económico del proyecto de ley corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no al Ejecutivo.

La primera cuestión que debería conocerse es una estimación aproximada del aumento de gasto que el proyecto de ley implica.

Según información aparecida en la prensa, el PSOE mostró borradores de notas cruzadas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, en los que se evaluaba el coste de tres medidas de la reforma en 90 millones de euros al año.

Las medidas se refieren a la creación de itinerarios en la ESO, el adelanto en dos años de la enseñanza de un idioma extranjero en primaria y los programas especiales para alumnos extranjeros, pero no incluye el coste de la extensión de la gratuidad de la educación infantil comprendida entre tres y cinco años, que será sin duda la medida más costosa de las incluidas en el proyecto de ley. En definitiva, el Parlamento podría aprobar una ley de la cual se desconoce su incidencia presupuestaria.

La segunda cuestión que parece no estar clara es la Administración pública (Estado o comunidades autónomas) que va a financiar el mayor gasto presupuestario que comporta el proyecto de ley. Pasamos a analizar las dos alternativas posibles.

Si total o parcialmente es el Estado el financiador, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el Ministerio de Hacienda ha tenido que elaborar unos escenarios de previsión plurianual referidos a ingresos y gastos, en los que se detallarán para cada año los importes de los compromisos de gasto contenidos en cada política presupuestaria, y en el número 2 del mismo artículo ordena que los proyectos de ley que tengan incidencias presupuestarias habrán de respetar el entorno financiero plurianual de que se ha hecho mención y, para su aprobación, deberán tener cabida en los mismos.

Por tanto, en el supuesto de que la financiación del aumento de gasto corriese, total o parcialmente, a cargo de los Presupuestos del Estado, era necesario formular la memoria económica del coste del proyecto de Ley y que constará en el expediente de manera expresa la conformidad del Ministerio de Hacienda, por tener cabida en los citados escenarios plurianuales y, por tanto, en el margen presupuestario, sin provocar un desequilibrio en la estabilidad presupuestaria.

Si son las comunidades autónomas las que total o parcialmente van a actuar de financiadoras del aumento del gasto, antes de enviar el proyecto de ley al Congreso debía haberse sometido a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que hubiera determinado su coste y la distribución de la financiación entre las comunidades autónomas y en su caso el Estado.

En este supuesto también se hubiera conocido el coste de la reforma y por tanto se podría haber acompañado al Parlamento la memoria económica.

Si las comunidades autónomas van a tener que financiar total o parcialmente el aumento de gasto derivado de la ley, no parece lógico que hayan quedado marginadas, no sólo en cuanto a la nueva organización del sistema educativo, aunque sea competencia exclusiva del Estado, sino de algo que les va a afectar muy directamente, como es la financiación del proyecto de ley, que tendrá incidencia en su estabilidad presupuestaria.

No parece muy correcto que el Estado legisle y las comunidades autónomas paguen las consecuencias financieras, sin haberlas oído previamente.

No entro en el tema de la conveniencia del promulgar una Ley de Calidad de la Enseñanza, que trata de parar el deterioro que ha tenido la educación en España, en sus diferentes niveles, pero creo que los procedimientos son muy importantes y en este caso han fallado.