Duhalde busca anular el juicio político al Supremo para avanzar con el FMI
El presidente Eduardo Duhalde fue el impulsor, en enero, de iniciar el juicio político a la Corte y nueve meses más tarde se ha convertido en su principal detractor. No en vano, la Corte Suprema ha fallado contra la constitucionalidad de algunas de las principales medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo (como el recorte de salarios públicos) y tiene pendientes de sentencia otros fallos respecto al plan económico oficial que han socavado las garantías jurídicas que el Gobierno Duhalde se ha empeñado en asegurar en este tiempo a la comunidad internacional.
Duhalde es consciente de que el fin del enfrentamiento con el alto tribunal le permitiría obtener importantes avances en las negociaciones con el FMI. Y eso era lo que ayer estaba en juego en la Cámara Baja.
Al cierre de esta edición, las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios no permitían ofrecer un resultado seguro del debate.
División en el Congreso
Los diputados peronistas, principal fuerza de la Cámara y aliados del Gobierno, confiaban en lograr el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR) para dar marcha atrás en el juicio a los jueces. Sin embargo, los legisladores de la UCR, sin mayoría suficiente para seguir adelante con la investigación, se mostraban partidarios de mantener el debate al respecto en comisiones especiales, lo que mantendría el proceso abierto, pero atascado, en el Congreso.
De hecho, ha sido esa situación en la que la amenaza de juicio no se disipaba, cuando la Corte ha sometido a revisión las medidas económicas del Gobierno. El tribunal tiene pendiente de sentencia si la conversión a pesos de todos los depósitos bancarios en dólares tras la devaluación de la divisa nacional es conforme a la legalidad o no. Una medida que en su día generó un gran perjuicio para los ahorristas y que si es rechazada ahora dará al traste con los planes del Gobierno de cerrar el acuerdo con el Fondo en tres semanas, a más tardar.
Como muestra hacia la comunidad internacional de la coherencia de sus planteamientos, el Ejecutivo presentó ayer un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de lo Contencioso-Administrativo por el que declaraba ilegal la pesificación de los depósitos.
El fin del enfrentamiento con la justicia requiere, pues, de un acuerdo entre los principales partidos. De ahí la exigencia del FMI de la necesidad de 'un acuerdo político' en Argentina para otorgar al Ejecutivo la ayuda financiera necesaria para impedir que el Estado suspenda pagos con los organismos internacionales.
Exigencias
Asimismo, el Fondo, en este nuevo acuerdo puente de mínimos que prepara hasta la llegada del nuevo Gobierno que salga elegido en marzo de 2003, exige la cobertura jurídica para el directorio del Banco Central, la liberación gradual del control de cambios, el programa de emisión monetaria para 2003 y la eliminación del pago de impuestos nacionales con bonos provinciales.
El Gobierno se muestra reticente a liberar el control de cambios porque teme revivir la hiperinflación que atravesó el país en los años ochenta. De hecho, la liberación parcial del corralito que el martes entró en vigor ha provocado una lenta pero sostenida depreciación del peso, que ayer, en el mercado libre, se cambiaba a 3,75 unidades por dólar. Y las autoridades temen una depreciación aún más profunda si se eliminan los controles sobre el tipo de cambio.