Los códigos de buen gobierno deben atender al perfil de la compañía
En España no es posible hablar de separación entre quienes poseen las acciones de una empresa y quienes controlan o dirigen dicha compañía. Al menos, así se desprende del estudio El gobierno de la empresa, elaborado por el profesor Vicente Salas y editado por el servicio de estudios de La Caixa. Bajo esta premisa, el autor considera que a la hora de legislar y preparar códigos de buen gobierno de las empresas no basta con importar las normas que están pensadas para otras realidades, sino que se debe atender a ese perfil peculiar.
Según Salas, el actual código de buenas prácticas de gobierno que existe en España está inspirado en los códigos que se han propuesto para sistemas de propiedad y control donde los directivos, profesionales ajenos a la propiedad de la empresa, tienen mucho poder efectivo. Sin embargo, la realidad de la empresa española es bien diferente. Según el estudio, predominan, con mucho, los casos donde accionistas significativos ejercen el control efectivo de la compañía.
Estas diferencias en las formas de propiedad y control de empresas tienen su razón de ser en los sistemas legales vigentes. Así, allí donde se da esa propiedad concentrada subyace una menor protección legal de los inversores, de manera que el control sobre los activos de la empresa sustituye a las leyes y al derecho como medio para conseguir la deseada protección.
Al tiempo, el estudio establece una importante correlación entre competencia en los mercados y prácticas de buen gobierno. Así, señala que la disciplina de la competencia es difícil de sustituir por determinadas prácticas de buen gobierno. Al contrario, un buen nivel de competencia es el que estimula la disciplina y el buen hacer en la gestión de las empresas. Por último, el profesor Salas también destaca que los estándares contables en España obtienen una puntuación significativamente inferior a Suecia, Reino Unido y EE UU. De ahí que sea necesario avanzar en normas que impulsen la transparencia.