La necesidad de un seguro de dependencia
Se calcula que 1.400.000 personas necesitan cuidados asistenciales en España por parte de cuidadores eventuales, profesionales cualificados o familiares. Pese a que son miles las personas que necesitan asistencia para afrontar su vida diaria, apenas existen aseguradoras que ofrezcan 'seguros de dependencia' a sus clientes, un producto muy extendido en buena parte de Europa y que es conocido en los países anglosajones como Long Term Care.
Tras las reticencias de las aseguradoras se encuentra la falta de una ley estatal que regule este tipo de seguros e incentive su suscripción con exenciones fiscales. La pasividad del Gobierno tiene una explicación perfectamente lógica. Una de las premisas de la sanidad española, recogida tanto en la Constitución como en la Ley General de Sanidad, es el principio de equidad. Por ello, si una ley regulase el sector de los seguros de dependencia y las aseguradoras se lanzasen a ofrecer este tipo de productos, el Estado se vería en la necesidad de ofrecer bien una cobertura pública, bien otras medidas de carácter económico-social que cubriesen las necesidades asistenciales de las personas mayores, y/o en situación de dependencia, que no pudiesen acceder al sistema privado.
El esfuerzo inversor calculado sería descomunal para las arcas estatales: se barajan cifras que rondan los dos billones de pesetas, no muy lejos del gasto anual en medicamentos. En Alemania, la creación del seguro público de dependencia no se produjo hasta mediados de los noventa, y después de 20 años de intensos debates públicos ante el elevadísimo coste que suponía para el Estado. En este país, todos los trabajadores cotizan tanto a la Seguridad Social como a este seguro de dependencia, que les garantiza su ingreso en una residencia o la ayuda de un profesional si, por causa de enfermedad, accidente o vejez, quedasen inhabilitados para desarrollar las tareas más básicas.
En España, las acciones emprendidas por las Administraciones públicas para mejorar la cobertura legal de las personas dependientes y de aquellas que les cuidan son escasas. El Gobierno regional cántabro es el único que ha aprobado una ley de protección a las personas dependientes en España, la Ley 6/2001, sancionada el pasado 20 de noviembre. Sin embargo, y como es habitual, esta ley se limita a establecer el marco de actuación, por lo que no tendrá plena vigencia hasta que no sea desarrollada mediante un reglamento.
En cuanto al Gobierno central, el pasado 24 de abril vio la luz el anteproyecto de ley que reformará parcialmente el actual IRPF, y que introduce unas reducciones en la base imponible de aquellos contribuyentes que tengan a su cargo personas dependientes o bien lo sean ellos mismos. La reducción de la base imponible será de 1.000 euros anuales si el sujeto pasivo o el ascendiente que necesita asistencia tiene más de 75 años. La compensación económica ascenderá a 2.000 euros si la minusvalía o el grado de movilidad reducida supera el 65%.
En cuanto a la posible redacción de una ley que regule los seguros de dependencia, la Dirección General de Seguros encargó la elaboración de un informe hace un par de años a la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa). En este documento, Unespa evaluó las necesidades y sugirió la adopción de algunas medidas de carácter fiscal para incentivar la suscripción de este tipo de seguros. Su principal recomendación fue establecer una reducción directa, hasta una cantidad determinada, en la base imponible del impuesto de la renta, tal y como se realiza en el caso de las aportaciones a planes de pensiones.
La solución más lógica sería modificar la actual Ley de Planes y Fondos de Pensiones, para incorporar, como si de una contingencia de ahorro más se tratara, la prestación derivada de la cobertura de dependencia. Esta fórmula garantizaría una buena comercialización del seguro de dependencia, que en estado puro (independiente) sería difícil de vender, ya que el nivel medio de las rentas en España no es tan alto como en Europa.
Al margen de discusiones técnicas o presupuestarias, los seguros de dependencia privados podrían convertirse en uno de los productos más solicitados por los ciudadanos en los próximos años, debido al imparable proceso de envejecimiento de la población. En la actualidad, el 16% de la población española tiene más de 65 años, lo que equivale a más de seis millones de personas. Además, las previsiones apuntan a que el número de jubilados superará los siete millones dentro de sólo ocho años, en torno a 2010.
Se calcula que 1.400.000 personas requieren cuidados asistenciales en España. De esta cifra, unas 700.000 necesitan asistencia durante las 24 horas del día. Para estas personas, la oferta asistencial de nuestro país es escasa. En 1999, las plazas domiciliarias, de teleasistencia, de centros de día y de residencias sumaban un total de 376.000. Ante la creciente demanda y la escasez de la oferta, la familia siempre acaba siendo la que acaba salvando este vacío.