La fe del converso
El debate parlamentario sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) ha entrado en fase de madurez. Ha sido dictaminado en comisión, esta semana se verá en el Pleno del Congreso y pasará al Senado.
A estas alturas del debate todavía no hemos avistado una sólida alternativa fiscal a babor. Según el Partido Socialista, bajar impuestos es de izquierdas. Probablemente se trata de una concesión a la originalidad o de un mero efecto clónico del laborismo de tercera vía de Mr. Blair.
En una ocasión escribí que el Partido Socialista, camino de Damasco, se había caído del caballo y con la fe del converso, enarbolaba la bandera liberal de la reducción de impuestos, ya no demonizaba las privatizaciones y lanzaba feroces diatribas contra el supuesto intervencionismo gubernamental en la economía. Ver para creer.
Que el principal partido de la oposición defienda lo que algunos siempre defendimos, a saber, que la reducción de impuestos es buena para las familias y para nuestra economía productiva, siempre es un dato positivo. Sin embargo, la fe del converso es siempre peligrosa. Alguien dijo que los conversos son los más radicales. Sobre todo porque tienen que demostrar su nueva fe soltando más lastre ideológico que el vecino. Y eso es lo que pasó con la propuesta socialista del tipo único para el IRPF, que en síntesis suponía someter la renta de las personas físicas a un único tipo impositivo de en torno al 26% o 27 %. En una palabra, la llegada de la tarifa plana al IRPF.
No negaré que esta propuesta turboliberal tiene un cierto atractivo desde el punto de vista de la simplicidad del impuesto. Pero creo que tampoco nadie me negará que un IRPF con tipo único es tanto como instalarse en la más pura regresividad fiscal. O, dicho en otros términos, es castigar a nueve millones de contribuyentes a padecer la más lacerante injusticia fiscal en sus propias carnes.
Los contribuyentes con niveles de renta más elevados experimentarían una considerable rebaja fiscal y los que tienen niveles de renta más bajos verían cómo engordaba considerablemente su factura fiscal.
Cómo explicar a los contribuyentes, pensionistas o salariados que con el nuevo IRPF van a tributar al 15% mientras que la propuesta socialista les condenaba a pagar un 26% o un 27%. Quizá fue esa falta absoluta de equidad la que movió a la oposición a relegar su interesante propuesta al terreno de lo anecdótico o del titular de periódico. Lo que está claro es que en el debate parlamentario nadie la defendió.
Siempre cabría argumentar que bajando el tipo impositivo único se puede beneficiar también a las rentas más bajas. Sin embargo, entonces nos encontraríamos ante una reforma con un fuerte impacto recaudatorio negativo. Peligrarían los ingresos del Estado y, por consiguiente, los mecanismos de cohesión social del Estado de bienestar.
Personalmente prefiero aumentar la recaudación bajando impuestos, incentivar fiscalmente la economía productiva, y aumentar la renta familiar disponible. Y si se puede conseguir, como estos últimos años, en un escenario de estabilidad presupuestaria con fuerte aumento de la inversión pública y de las prestaciones sociales, mejor.
Hay una última objeción a la nonata propuesta del impuesto lineal. Y es que no resiste el más elemental examen de constitucionalidad. No se compadece con el mandato constitucional de someter nuestro sistema tributario a las exigencias del principio de capacidad económica, el que más tiene más paga. Este principio tiene una doble proyección en los principios de proporcionalidad y de progresividad. La opción del constituyente se inclina por esta última.
Si somos capaces de conciliar la progresividad con la reducción de impuestos, habremos dado cumplida respuesta a los dos exigencias sobre las que descansa un sistema fiscal moderno: la justicia tributaria y la eficiencia económica. Y eso es precisamente lo que hicimos en la anterior reforma del IRPF. Bajar un 13% la presión impositiva directa para estimular la renta familiar, el ahorro y el consumo, y aumentar en 15 puntos la progresividad del impuesto.
Por cierto, con el voto en contra del Partido Socialista, que saludó la nueva rebaja fiscal con un recurso de inconstitucionalidad. El nuevo dogma de que bajar impuestos es de izquierdas sólo se utiliza por exigencias perentorias del debate político. Y es que la fe del converso no sólo es radical, sino que, como no es sincera ni sentida, es sumamente contradictoria.
Jordi de Juan i Casadevall es abogado del Estado, diputado del PP por Girona y portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso