La mayor partida, 2.250 millones, para carreteras
El Ministerio de Fomento será en 2003, un año más, el principal departamento inversor del Estado, con un volumen total de créditos de 3.296 millones de euros.
Al contrario de lo que ocurriera en años anteriores, cuando la inversión en infraestructuras ferroviarias fue prioritaria para este departamento, el próximo ejercicio será el capítulo dedicado a la creación de nuevas carreteras el que mayores recursos públicos reciba con un total de 2.250 millones de euros.
Por su parte, para conservación y explotación de carreteras el presupuesto de 2003 asciende a un total de 661,74 millones de euros, dotación que, al igual que ocurre con la partida para vivienda, lleva ya varios ejercicios congelado y permanece muy lejos de los niveles de recursos que diversas asociaciones de usuarios y profesionales de la carretera vienen demandando como idóneos para mantener la red estatal en óptimas condiciones de mantenimiento. En opinión de estos colectivos, la inversión mínima en conservación de carreteras debería ascender a casi el doble de la cantidad consignada para el año próximo. La segunda partida en importancia es la que engloba los recursos para la creación de infraestructuras ferroviarias, que ascenderá a un total de 507,06 millones de euros. No obstante, hay que tener en cuenta que además de estas partidas existen otras actuaciones dirigidas a mejorar estas infraestructuras que se canalizan a través del capítulo VIII, como es el caso de los 1.268,14 millones de euros que se aportan al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) para financiar la construcción de la red de alta velocidad.
Pero además de la inversión directa generada por el ministerio, que contribuirá a seguir financiando el Plan de Infraestructuras 2000-2007, dicho departamento realiza aportaciones destinadas a incentivar la inversión privada, como los 150,25 millones que recibirán el próximo año los promotores de infraestructuras de carreteras. Además, durante el próximo año está previsto que entre en vigor la ley encargada de regular el nuevo marco concesional, cuyo objetivo es dar cabida a la iniciativa privada en el Plan de Infraestructuras.