El Estado supera a la Seguridad Social en gasto por el traspaso de la sanidad

El presupuesto consolidado (Estado, Seguridad Social y organismos autónomos) de ingresos no financieros para 2003 asciende a 206.034,36 millones de euros y el de gastos, a 211.458,33 millones, lo que representa un ligero aumento del 1,1% y del 3,6%, respectivamente, respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a los ingresos no financieros, los tributos y las cotizaciones sociales constituyen los recursos más importantes, pues representan el 88,5% del importe total. Las cotizaciones sociales crecen un 7,7%, debido principalmente al aumento del número de trabajadores afiliados -manteniendo la tendencia de ejercicios anteriores- y al aumento de las bases mínimas de cotización.

Los impuestos sobre la renta, tanto de las personas físicas como de sociedades, son los conceptos de mayor recaudación dentro de los tributos directos del Estado, con un incremento del 4% y del 11,1%, respectivamente.

Los recursos consolidados llegan a 206.034 millones de euros

Los impuestos indirectos, como consecuencia de la finalización del proceso de cesión de ingresos a las comunidades autónomas, sufren un retroceso en su recaudación de 7.747,5 millones de euros. El resto de ingresos representan tan sólo el 11,5% en el total.

En cuanto a los gastos, el presupuesto consolidado se caracteriza por el mantenimiento de la austeridad de años anteriores. Los corrientes aumentan un 3,6% y absorben el 92,1% del total.

Los de personal y bienes y servicios presentan significativos descensos del 14,1% y 29,3%, respectivamente, si se comparan con las dotaciones con que contaban esos mismos capítulos en el ejercicio anterior. Esta diferencia es resultado de la supresión en el presupuesto de la Seguridad Social de los recursos que financiaban el personal y los gastos de funcionamiento del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), cuya gestión se ha traspasado a las comunidades autónomas, quedando a cargo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la asistencia exclusivamente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En el importe correspondiente a las operaciones corrientes está incluido el nuevo fondo de contingencia (2% del gasto total), destinado a atender las necesidades de carácter no discrecional y no previstas en un principio en el presupuesto.

Reparto de fuerzas

Según el volumen de recursos asignados a cada uno de los grandes subsectores que integran los presupuestos consolidados, corresponde al Estado un 49,8% del total de los gastos no financieros previstos para 2003, porcentaje que ha crecido desde el 46,5% de 2002.

La Seguridad Social, que llegó a superar en 2001 en peso específico al del Estado, reduce su importancia al 34,5% (el 38,8% previsto en 2002) del gasto consolidado, afectada por el proceso de transferencias sanitarias a las comunidades autónomas. Los organismos autónomos acaparan el restante 15,7%.

La reorganización del gasto público se verá completada el próximo año con la reforma de las haciendas locales, por la que el Estado central cederá una parte de sus tributos para garantizar la financiación de los municipios. Los Presupuestos para 2003 reflejan ya una imagen clara de lo que supondrá el peso de cada Administración pública. El Estado (los Presupuestos Generales) administrará en torno al 40% del gasto público total. Un porcentaje similar corresponderá a las comunidades autónomas y el restante 20% a las corporaciones locales (municipios, cabildos y provincias).

En cuanto a la naturaleza económica del gasto consolidado para 2003, destaca el 'carácter financiador' del Estado, ya que las transferencias corrientes y de capital representan un 56,1% del total, siendo los principales destinatarios las comunidades autónomas, ayuntamientos y la Unión Europea, que concentran un 73,6% del total de transferencias.

El Gobierno destaca el 'mayor esfuerzo' realizado en la dotación de los créditos para mejorar el funcionamiento de la justicia, derivado el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que persigue su mejora y modernización.

También destaca el crecimiento del gasto para mejorar la seguridad ciudadana. En concreto, ha aumentado la oferta de empleo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto con la revisión de sus retribuciones y una 'mejor dotación' de los gastos de funcionamiento.