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'Telecos'

La reforma del sistema de precios telefónicos enfrenta al Gobierno

El control del IPC y la mejora de las condiciones de competencia en telefonía fija están en la misma balanza. El Gobierno tiene que elegir entre dos de los problemas fundamentales de la economía española: la supervivencia de las operadoras y el alza de la inflación, y la decisión está despertando tensiones entre los departamentos implicados.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, por un lado, y el de Economía, por el otro, luchan para que la reforma del sistema de precios máximos de Telefónica (el denominado price cap) se ajuste lo más posible a sus intereses.

La modificación de este sistema fue anunciada por Josep Piqué, responsable de las telecomunicaciones españolas, hace casi tres semanas, y concretada por su secretario de Estado, Carlos López Blanco, pocos días después. Sin embargo, la aprobación de la reforma se retrasa. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del jueves pasado no tocó el tema y el paquete de reformas se llevará sólo a título informativo en la reunión de hoy. La explicación oficial es que un asunto de este calado no puede ser aprobado sin la presencia del ministro de Economía, que se encuentra fuera de España, de forma que el visto bueno definitivo no llegará hasta el jueves de la próxima semana, como pronto.

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Las razones de esta tardanza están, según fuentes cercanas al Gobierno, en las discrepancias que existen entre los ministerios de Ciencia y Tecnología y Economía.

Piqué, impulsado por la situación del sector y por las presiones de las operadoras, quiere implantar una reforma lo más amplia y profunda posible. Entre las medidas que propone su departamento se baraja la de adelantar a este año la entrada en vigor del nuevo sistema de precios máximos, que estaba inicialmente planteada para 2003. Según este esquema, la salida de la cuota de abono del price cap sería inmediata, lo que dejaría sin efecto las bajadas de precios previstas por Telefónica para el próximo octubre.

Alivio para las operadoras

Este movimiento no sólo aliviaría las cuentas de la operadora dominante, sino las de todas sus competidoras, que no estarían obligadas a replicar la rebaja a sus clientes.

Pero el Ministerio de Economía tiene demasiado reciente el dato del IPC de agosto, que avanzó un 0,3% y situó la inflación acumulada en los últimos 12 meses en el 3,6% pese a la desaceleración económica. Rato no quiere rendirse sin pelear antes una de las pocas rúbricas que da buenas noticias en este campo.

Desde 1999, la evolución del IPC de comunicaciones ha sido descendente, y así tendría que seguir este año y el próximo. El price cap fijado para 2002 exige una rebaja de precios del 6%, mientras que la de 2003 debería situarse en el 2%, una vez descontada, en ambos casos, la previsión de inflación. La reforma que se baraja, sin embargo, puede terminar con esta tendencia a la baja, al permitir a Telefónica subir la cuota de abono sin tener que compensar esta alza con rebajas adicionales en el precio de los servicios por tráfico (llamadas locales, provinciales, interprovinciales, etcétera).

Las presiones que están recibiendo los dos ministerios para arreglar sus respectivos conflictos son intensos. El sector de telecos en pleno está reclamando a Piqué que adelante y profundice el plan de choque que ha diseñado para hacer rentable la competencia. Esta reforma, aseguran fuentes del sector, es la última oportunidad para resolver la 'dramática' situación en la que se encuentran los actores de la telefonía fija.

Las presiones sobre el Ministerio de Economía para que contenga el IPC ante la previsión de un ataque a Irak que encarezca el precio del petróleo no son de menor calibre.

El único problema es que los objetivos de ambos ministerios parecen incompatibles. Fuentes cercanas a Ciencia y Tecnología apuestan por una decisión salomónica que deje la subida de precios telefónicos para el año que viene, lo que daría al Ministerio de Economía más tiempo para controlar la inflación.

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