Las 'telecos' aplauden la propuesta de Piqué de subir las tarifas telefónicas
El segundo día de sesiones del seminario sobre La era de la banda ancha que organiza en Santander la patronal Aniel estuvo protagonizado, tanto en el estrado como en los pasillos, por los comentarios sobre las propuestas realizadas el lunes por el ministro Josep Piqué, quien planteaba una reforma del vigente sistema de tarifas reguladas para Telefónica (price cap) que, indirectamente, sirve de referencia para el resto de sus competidoras. El ministro aseguró que 'no todo puede ser seguir bajando el precio de los servicios' y dejó abierta la puerta a subidas en las tarifas 'siempre que no sea por encima del IPC'.
Durante su intervención en el curso, el presidente de Auna, Luis Alberto Salazar Simpson, aseguró que el discurso de Josep Piqué había sido 'tranquilizador'. 'No se puede pedir al sector un esfuerzo inversor si se mantiene una continua rebaja de tarifas', aseguró el directivo, quien apostilló que 'la reducción de precios debe ser una consecuencia de la liberalización y no un fin en sí misma'. Salazar denunció que en los últimos años el negocio de las telecomunicaciones 'ha sufrido continuos requerimientos regulatorios contradictorios y dispares', que culminaron 'con la utilización del sector como un mero instrumento para el Gobierno de su política antiinflacionista'.
Luis Lada, director general de estrategia y regulación corporativa de Telefónica, se mostró esperanzado sobre las intenciones del Gobierno para el sector y vaticinó que, 'a pesar de la reforma del sistema de precios regulados, la tendencia natural de las tarifas será seguir bajando'. Lo que el sector solicita es 'que no se fuerce desde la Administración bajadas de precios tan continuas y radicales, que en la mayoría de los casos suponen porcentajes de disminución de dos dígitos'.
Lada considera que no es necesario que desde el Gobierno se establezcan 'limitaciones comerciales a la actividad de Telefónica por encima de las que ya existen, puesto que tales medidas no se dan en ninguna otra regulación en Europa'. Lada afirmó que 'es obvio que ha habido una sobrerregulación y es necesario que en el futuro se vaya aflojando'.
José López Tafal, presidente de la patronal Astel (que agrupa a los competidores de Telefónica), afirmó que 'la actual evolución de los precios hunde al sector, y la Administración no puede seguir forzando rebajas de forma artificial'. Prefiere no hablar de una 'excesiva', sino de una 'mala' intervención del Gobierno en las telecos, 'no se ha implantado la regulación que se había prometido'.
Intervencionismo
El presidente de Aniel, Jesús Banegas, opinó que 'el discurso del ministro se ha alineado con las expectativas del sector'. Apostó por 'la liberalización de la fijación de los precios de los servicios que podrán subir, pero siempre con el compromiso de no superar el IPC'. Se mostró favorable a la 'desaparición' del sistema de price cap, y fue claro al exigir del Gobierno que 'reduzca su fuerte intervencionismo en las telecomunicaciones'.
El consejero delegado de Vodafone España, John de Wit, calificó de 'muy positiva' la intervención de Piqué y aseguró que 'el ministro lo que busca es el diálogo con los agentes del sector'. Su queja contra la intervención de la Administración en materia de rebaja de precios se centró en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a la que acusó de 'favorecer siempre con sus decisiones a la telefonía fija'.
Eugenio Galdón, presidente de la operadora Ono, aseguró sentirse 'en sintonía' con la intervención del nuevo ministro de Ciencia y Tecnología.
Sobre el asunto de la modificación del sistema de regulación de los precios de los servicios afirmó que 'Telefónica tiene razón al afirmar que se ha producido un desequilibrio que perjudica la rentabilidad de la telefonía local y a las cuotas de abono'.
La unanimidad de las operadoras se repitió, pero en sentido inverso, entre los partidos de la oposición y las asociaciones de consumidores, que rechazaron de forma frontal la subida de tarifas. El PSOE acusó al Gobierno de 'incumplir' sus promesas para favorecer a Telefónica y de cometer una 'injusticia'. IU, por su parte, exigió al Ejecutivo que no se someta a las presiones de las grandes compañías. La OCU y la CECU salieron en defensa de los consumidores. La primera definió la subida de tarifas como 'una falta de respeto al usuario', mientras que la segunda aseguró que 'supone un claro retroceso respecto a las promesas realizadas por el Gobierno'.
Un sistema con las horas contadas
El mercado de telefonía fija español se liberalizó hace cuatro años y medio, pero las tarifas de Telefónica siguen intervenidas. Los precios del operador dominante ya no son fijados uno por uno por el Gobierno, pero deben ajustarse al sistema de tarifas máximas -denominado price cap-, que determina desde 2001 cuánto tienen que bajar los precios. Según este sistema, Telefónica debe bajar sus precios un porcentaje cada año ligado a la inflación prevista, que siempre es inferior a la real. En 2000, la rebaja fue del IPC menos el 8%, es decir, el 6%. Para este año, la obligación es reducir el IPC menos el 9%, el 7% en términos reales, y el año que viene tendrán que ajustarse otro 2%, una vez corregida la inflación.
La única diferencia entre este sistema y los anteriores es que Telefónica tiene libertad para decidir qué precios reduce y en qué cuantía, con tal de que la cesta de servicios telefónicos, en los que cada segmento (cuota de abono, llamadas locales, provinciales, interprovinciales, internacionales y de fijo a móvil) pondera de distinta forma, baje según lo requerido. El mayor problema del price cap es la interrelación de precios: si uno sube, otros tendrán que compensarlo. Así, el alza de la cuota de abono de Telefónica implica rebajas superiores a los dos dígitos en otros servicios, como la larga distancia nacional. Y si el ex monopolio baja los precios, sus rivales tienen que obrar en consonancia, lo que ha despertado las críticas de todos al sistema. Telefónica se preocupa por su cuenta de resultados, y sus competidores, por los márgenes.