El Gobierno vasco se querella por prevaricación contra el juez Garzón
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, justificó la presentación de la querella ante la Sala Segunda del Supremo por la supuesta vulneración del derecho fundamental de reunión y manifestación, que el juez Garzón habría facilitado mediante sucesivos autos. Imaz consideró que las decisiones del juez 'contradicen la interpretación de la Convención Europea de los Derechos Humanos a la que se encuentra vinculado', informa Efe.
Las medidas adoptadas por Garzón para ejecutar la suspensión de actividades de Batasuna se llevan a cabo, según el Gobierno vasco, 'fuera de los cauces legales, y sin observancia de las garantías mínimas establecidas para proteger un derecho fundamental que es básico para una sociedad democrática'.
Imaz denunció 'la situación de inseguridad jurídica' a que abocan los autos del juez y agregó que su actuación 'no sólo crea una evidente confusión, sino que incrimina a la mayoría de la sociedad vasca que, si bien ni comparte ni aprueba la acción política de esa organización, Batasuna, rechaza su ilegalización y los excesos en los que ha incurrido el magistrado de la Audiencia Nacional'.
Al tiempo que el Gobierno vasco anunciaba la presentación de la querella, la Mesa del Parlamento de Vitoria declaraba 'nulo de pleno derecho' el auto dictado por Garzón el pasado día 6 en el que pedía la suspensión de Batasuna como grupo parlamentario, paso que sí ha dado ya el Parlamento navarro. El PP y el PSE votaron en contra de esta decisión.
Sin base legal
El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, afirmó que no hay base legal para cumplir el auto, según corrobora el informe pedido a los servicios jurídicos de la Cámara. El acuerdo, según Atutxa, 'no va en la línea del desacato' a ningún juez ni tampoco en la defensa de ningún grupo, sino 'en pos de la defensa del respeto que se merece esta institución' y su 'capacidad de autogobierno'.
Atutxa adelantó que tomará otra serie de iniciativas 'ante la gravedad de los hechos' y enviará el contenido de los dos autos de Garzón y el informe jurídico de los letrados a instancias especialistas en el campo jurídico, como colegios de abogados y universidades del País Vasco, para que 'aporten y enriquezcan lo que hemos venido a determinar'.
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial archivó ayer el escrito de queja presentado por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, contra el juez Garzón por su decisión de suspender las actividades de Batasuna. Expertos juristas recomendaron al Gobierno vasco que desecharan esta última vía y que presentara una querella ante al Supremo por prevaricación, ya que con ello obligaría a Garzón a justificar la forma en que ha interpretado el Código Penal para decretar la suspensión de Batasuna.
Tanto el Gobierno como el PSOE criticaron ayer la querella anunciada por el Gobierno vasco contra Garzón. Al vicepresidente primero, Mariano Rajoy, le parece 'absurda' la querella y la atribuye a motivaciones 'puramente políticas'. Al vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, se le antoja una medida 'seria y grave'. Para el ministro del Interior, Ángel Acebes, la querella demuestra que el Ejecutivo vasco 'no quiere hacer nada para plantar cara a ETA'.
El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, emplazó al Parlamento vasco a acatar el auto de Garzón.