La demanda de ilegalización de Batasuna llega al Supremo
El ministro de Justicia, José María Michavila, informó ayer de la demanda trasladada al Supremo delante de las 26 carpetas que contienen 10.000 folios, además de numerosos archivos gráficos y sonoros que, en opinión del Gobierno, demuestran las conexiones entre ETA y Batasuna. En la demanda donde se solicita la ilegalización de la coalición se sostiene que ésta ha sido la 'prolongación del terrorismo de ETA en la vida política', ya que ha puesto las listas electorales y los cargos públicos a disposición de la banda, empleando sus medios de financiación y utilizando para fines criminales los censos electorales y las sedes sociales.
La demanda incluye 194 expedientes de personas con antecedentes penales y doble militancia en Batasuna y ETA. Michavila destacó ayer que de los siete diputados que Batasuna tiene en el Parlamento vasco, cinco tienen antecedentes por terrorismo.
En opinión del ministro, entre las consecuencias inmediatas de la futura ilegalización de Batasuna destacan que dejará de financiarse con dinero público y no podrá volver a gobernar en los ayuntamientos vascos donde hasta ahora lo ha hecho y desde donde, añadió, ha ayudado a ETA.
Liberarse de los 'nazis'
Según la demanda, ni antes ni después de la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Partidos Políticos el 'entramado Batasuna' ha adoptado medida disciplinaria alguna respecto a las personas que acreditan una doble militancia con su pertenencia a ETA, sino que, por el contrario, 'los hechos demuestran que la organización política se nutre en buena medida de miembros de la organización terrorista que han sido condenados'.
Michavila advirtió que la demanda del Gobierno no incluye la petición de medidas cautelares para la suspensión de actividades, ya que está vigente la orden dictada por el juez Baltasar Garzón mediante la que se ha suspendido la actividad de Batasuna por tres años. Se trata de una vía paralela, de naturaleza penal, que se suma a la vía civil iniciada ayer por el Gobierno y la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, afirmó ayer que con la presentación de la demanda 'pretende liberar al País Vasco del asedio de los nazis de un partido que se llama Batasuna'.
La coalición fue fundada en octubre de 1978 bajo el nombre Herri Batasuna como grupo electoral de varios partidos aberzales. Ahora tiene 15 diputados en los Parlamentos regionales del País Vasco y Navarra, medio centenar de alcaldes y casi 900 concejales.
En las elecciones vascas del año pasado, Batasuna obtuvo el 10% de los votos, después de que el PNV le arañara cerca de 80.000 papeletas.
El proceso durará cerca de seis meses
La Sala Especial del Supremo que debe decidir sobre la ilegalización de Batasuna emplazará esta semana a la coalición para que pueda personarse en los procedimientos abiertos ayer. Para ello dispondrá de ocho días de plazo, transcurridos los cuales el Supremo analizará la admisión inicial de la demanda.
En caso de admitirse a trámite, como parece altamente probable, el demandado tendrá un plazo de 20 días para contestar. Más tarde se abrirá un periodo de prueba, tras el cual habrá otro de alegaciones por periodos sucesivos de 20 días para las partes, quedando el proceso concluso para sentencia, que tendrá que dictarse en otro plazo máximo de 20 días.
A partir de este calendario, los expertos prevén que el proceso judicial puede prolongarse entre cuatro y seis meses, para estar concluido entre enero y marzo del año que viene, antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas en las que Batasuna ya no podrá concurrir como tal coalición.
La Sala Especial del Supremo está presidida por el presidente del alto tribunal, Francisco Hernando, y formada además por los presidentes de sus cinco salas.