La SEC sopesa relajar la ley antifraude para empresas europeas

De acuerdo con la ley de responsabilidad corporativa Sarbanes-Oxley, firmada por el presidente George Bush el pasado 29 de julio, las cerca de 1.300 empresas extranjeras que cotizan en los mercados estadounidenses tendrán que presentar, a partir del 29 de agosto, un certificado de sus presidentes con una declaración jurada sobre la veracidad de sus cuentas e informes. El secretario del Tesoro, Paul O'Neill, ha llamado a la puesta en marcha de esta ley un acto 'patriótico'. La SEC, que hoy estudia una batería de medidas que hagan más efectiva esta ley, analizará además la conveniencia de relajar la normativa para las empresas extranjeras que han presentado un rechazo frontal a las nuevas exigencias legales.

De acuerdo con esta legislación -hija de desmanes empresariales como Enron y Worldcom, que no se han dado en otros continentes-, quienes transgredan la ley pueden afrontar millonarias multas (hasta cinco millones de dólares) y un máximo de 20 años de prisión. Las empresas europeas también han puesto el grito en el cielo por la posibilidad de que documentación que en este continente es calificada como confidencial entre el auditor y la compañía en cuestión tenga que ser eventualmente presentada ante las autoridades norteamericanas.

Aunque es Canadá el país que más empresas tiene cotizando en EE UU (503), ha sido en Europa donde más ha irritado el alcance de estas medidas, además del hecho de que la SEC se erija como el regulador mundial de las empresas para limpiar su propia imagen. La ministra de Justicia alemana, Herta Däubler-Gmelin, solicitó al comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, que mantenga su oposición a las reglas estadounidenses incluso después de que hayan sido puestas en marcha. También denuncia la extraterritorialidad de la legislación estadounidense para restaurar la confianza en los mercados.

Protestas alemanas

A la nota de protesta del Reino Unido (143 empresas de sus empresas cotizan en los mercados norteamericanos) y del Gobierno alemán se unió la de la Federación del Industria Alemanas, en la que, basándose en la distinta estructura empresarial típica de este país y la existencias de una normas propias, solicitaba excepciones a la aplicación de la ley Sabanes-Oxley. Entre los firmantes, DaimlerChrysler (una empresa germanoestadounidense), la química Roche y la aseguradora Allianz.

Son 31 las empresas alemanas que cotizan en EE UU, y la que podría haber sido la número 32, Porsche, ya dijo la semana pasada que bajo las presentes circunstancias su salida a Bolsa en este país quedaba 'congelada'. La claridad de la exposición del fabricante alemán, una de las compañías más admiradas en EE UU, ha provocado airadas reacciones y ha ayudado a dar forma al debate ya abierto.

La puntilla, desde Alemania, la ha dado el portavoz de la Federación de Industrias Alemanas, Peter Wiesel, quien aseguraba que estas medidas, las más duras puestas en marcha desde los años treinta, 'no hacen más atractivos a los mercados'. Esa es precisamente la baza que juegan los organismos estadounidenses que esperan que las nuevas normas de responsabilidad corporativa insuflen confianza en los mercados. Las empresas extranjeras, entre las que figuran aquellas americanas que por motivos fiscales han preferido tener su base en Bermudas u otros paraísos fiscales, ya gozaban hasta ahora de excepciones legales. Por ejemplo, presentaban documentación ante la SEC menos frecuentemente que las empresas americanas y no se consideraban relevantes todas las operaciones que realizaban.

La SEC va a examinar en su reunión de hoy otros aspectos técnicos de la ley Sarbanes-Oxley a pesar de que el controvertido punto de la declaración jurada de las cuentas ya ha sido cumplido por la mayor parte (hay 16 excepciones) de las mayores empresas. A este respecto, algunos especialistas han planteado que al contener términos como 'a sabiendas' y 'con voluntad' la fórmula del juramento, es más fácil probar la inocencia de los presidentes firmantes.

Las quejas no provienen tan sólo del extranjero. Los grupos de presión estadounidenses quieren que se revisen los plazos de información sobre la venta de acciones por parte de los ejecutivos (dos días frente a los 40 previstos en la antigua legislación) y las fechas límite para presentar los informes de cuentas trimestrales (30 días desde el cierre del periodo en vez de los 45 anteriores) y anuales (cuyo plazo de 90 días se ha reducido a 60). Consideran que acortar los plazos de presentación sólo provocará errores y no detectará los problemas de fondo.

El presidente de la Bolsa se retrata con retraso

 

 

Importante resbalón. El presidente de la Bolsa de Nueva York (NYSE), Dick Grasso, ha tenido que registrar un informe apresurado este mes ante la SEC en el que da cuenta de sus retribuciones en acciones de los últimos cinco años como miembro del consejo de Computer Associates. Grasso, uno de los defensores e impulsores de nuevas normativas para asegurar la confianza en los mercados de los inversores estadounidenses, es miembro de varios consejos de administración, pero según su portavoz dejará el del fabricante de software, Computer Associates, este mismo año.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasso es, junto al ex senador Alfonse d'Amato, uno de los cinco directivos que no han incluido esta información en las memorias anuales de la empresa tal y como demanda la SEC. Desde la compañía no se ha hecho esperar la reacción en un total tono de defensa: fue un equivocado consejo legal lo que ha provocado el error. Esta explicación, detalladamente puesta en negro sobre blanco, se ha registrado como anexo a la declaración de Grasso.

 

 

 

 

 

 

 

La empresa explica que consejeros externos como Grasso reciben una compensación anual en forma de acciones que no pueden reclamar hasta que no se retiren del consejo. Esta particularidad hizo pensar a la empresa que no era necesario el detalle de estos ingresos hasta que se hicieran efectivos y por, lo tanto, no era de aplicación de las normas que solicitan la información anualmente ante la SEC.

 

 

 

 

 

 

 

Aunque muchas compañías hacen pública esta información anualmente, una ley federal obliga a los consejeros externos a hacerse responsables también de la información.

 

 

 

 

 

 

 

Los plazos están en el ojo del huracán y no es solo Grasso el único en resbalar. El propio presidente del Gobierno, George Bush, informó de la venta de las acciones de Harken, empresa para la que trabajó, ocho meses después de que se hubiera producido.