El Banco Central argentino quiere abrir el 'corralito' y Lavagna se opone
Los argumentos de la autoridad monetaria pasan porque, a su juicio, los argentinos 'han vuelto a recuperar suficiente confianza en los bancos para permitir que las restricciones impuestas a las cuentas y a los cheques se levanten', aseguró ayer Guillermo Lesniewier, director de la entidad.
La propuesta de Lesniewier reedita el plan que el presidente del banco, Aldo Pignanelli, presentó hace un mes para levantar el corralito. Los puntos fundamentales del plan pasan por permitir el acceso inmediato a las cuentas corrientes y las cajas de ahorro que mantienen los bancos y que, según sus cálculos, ascienden a 21.300 millones de pesos (6.064 millones de euros).
Para los depósitos a plazo fijo, se establecerían tres categorías por importe de los depósitos (hasta 10.000, 40.000 y superiores), los cuales se devolverían mediante bonos, parte garantizados por los bancos y parte por el Estado.
El Ministerio de Economía sostiene que el plan es inviable en tanto la justicia no frene los amparos que han permitido a muchos ahorradores, por una u otra causa, sacar el dinero de sus cuentas. De hecho, el propio banco central ha calculado que, de mantenerse el ritmo actual, saldrán hasta final de año 6.000 millones de dólares del sistema. El ministerio está convencido de que el dinero que se saque de los bancos se destinará a comprar dólares, lo que depreciará aún más la divisa y disparará el temor a la hiperinflación.
El Banco Central insiste en que los argentinos están dejando el dinero en los bancos, por lo que ha reducido la liquidez con que se dotaría a los bancos, a través de los redescuentos, desde 7.000 millones de dólares del plan inicial a 1.000 millones en la actualidad.
Golpe a la banca
Este escenario sería el más desfavorable para la banca dado que el levantamiento del corralito y la reducida aportación del Banco Central para los redescuentos dificultarían seriamente la liquidez de las entidades y, con ello, la solvencia del sistema financiero en su conjunto. Salvo que el plan del Banco Central dé por hecho que las casas matrices de los bancos extranjeros van a aportar liquidez a su filiales, tal y como establece la ley aprobada por el Senado el pasado viernes y que aún está pendiente de ser votada en la Cámara de Diputados.
La disparidad de criterios entre Economía y el Central dificultará aún más la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que exige una solución al corralito, pero evidentemente con el consenso de los agentes implicados. El Gobierno espera para el lunes la respuesta del organismo al borrador de su carta de intenciones.
En este escenario, el Gobierno recibió ayer su propio revés de manos de la justicia al fallar que el recorte en un 13% de los salarios y las pensiones públicas aprobado el pasado mes de diciembre es inconstitucional.
La sentencia obliga al Estado a restituir los pagos atrasados y devolver los salarios y las pensiones públicas a sus niveles de diciembre, pero el Gobierno ya aseguró ayer que no cuenta con recursos para hacer frente a la sentencia.
'Por supuesto el poder ejecutivo debe acatar el fallo de la Corte', dijo Alfredo Atanasof, jefe del Gabinete de Ministros, pero 'el Estado no tiene hoy los recursos necesarios para hacer frente' a esa devolución y tendrá que ser el Ministerio de Economía el que analice la situación y decida cuándo se reintegrará el dinero.