Trabajo y CC OO discrepan sobre cómo calcular la pensión

El Acuerdo de Pensiones firmado en abril de 2001 por el Gobierno, la CEOE y Comisiones Obreras lo dice muy claro: 'Las partes firmantes se comprometen en 2003 a tomar las medidas oportunas para que se adopte la forma más idónea para el cálculo de la prestación'.

Este punto del pacto de pensiones ya fue polémico en el momento de su redacción. Pero el acuerdo fue posible gracias a la decisión de posponer su negociación al 2003, una vez finalizado (en 2002) el periodo transitorio de ampliación del cálculo de la base reguladora desde ocho a los 15 años actuales.

No obstante, el Gobierno tiene en mente acometer esta reforma y así lo sugirió el propio presidente del Ejecutivo, José María Aznar, el día de la firma del Acuerdo de Pensiones.

Sin embargo Comisiones Obreras, pese a que aceptó abrir la negociación en 2003 y aunque admite la necesidad de llevar a cabo un cambio de este tipo en el cálculo de la pensión a medio plazo, considera que ahora todavía no es el momento.

El sindicato argumenta la dificultad de esta reforma y ha hecho un cálculo según el cual, se utilice la fórmula que se utilice, ampliar a toda la vida laboral (en lugar de los 15 últimos años) para calcular la pensión supondrá un recorte medio del 30% en la cuantía de dicha prestación de jubilación.

Ante este argumento, el Gobierno se escuda en que esta nueva fórmula sería más justa y más redistributiva, si bien admite que algunos trabajadores saldrían ganando y otros perdiendo en la pensión final.

En cualquier caso, desde el Ministerio de Trabajo se defiende que el uso de toda la vida laboral es una tendencia que se está implantando en otros países europeos, en los que para calcular la cuantía de la pensión se tienen en cuenta los mejores y los peores años de cotización, para hacer con ellos una media. La discusión será ahora diseñar la fórmula concreta, que los técnicos de Trabajo ya están preparando.

Pero el Gobierno también tiene claro que sólo hará esta reforma de las pensiones con el consenso de los agentes sociales, sobre todo por lo delicado del asunto en dos años (2003 y 2004) eminentemente electorales.

Por ello, si CC OO se cierra en banda en la negociación de esta reforma, el Gobierno deberá plantearse renunciar a ella, al menos en esta legislatura. Bien es verdad que el sindicato podría también verse presionado por el frente parlamentario, ya que se prevé que el Congreso cierre antes de fin de año las conclusiones de los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, entre las que aparecerá con toda seguridad una recomendación para alargar a toda la vida laboral el plazo para calcular la pensión. Algo que también comparte el PSOE.

Plazos incumplidos

Aunque antes de que llegue esta discusión, los firmantes del acuerdo de pensiones deberán verse las caras en la comisión de seguimiento del pacto, que Trabajo pretende convocar en septiembre. El temario estará marcado por los asuntos pendientes de desarrollar en el acuerdo y que tienen reflejo presupuestario para 2003. Además, el Gobierno debe presentar a CEOE y CC OO el borrador de la ley por la que se constituirá la Agencia de la Seguridad Social. El visto de los agentes sociales a este nuevo organismo urge porque en el texto del acuerdo de pensiones donde viene recogida su creación indica que debería haber estado listo en abril pasado, con lo que ya lleva unos meses de retraso.

Trabajo tiene previsto que el Consejo de Ministros apruebe este borrador y lo remita al Congreso en el último periodo de sesiones de este año, de tal forma que se tramite como proyecto de ley a lo largo de 2003 y de manera que esté lista para su funcionamiento a finales de año. No obstante, Trabajo ya cuenta con que no dará tiempo a que esté plenamente operativa en esta legislatura, ya que en enero, probablemente, se disolverán las Cámaras para las elecciones generales de la primavera de 2004.

El otro gran tema a negociar para los Presupuestos de 2003 es el aumento de las pensiones de viudedad, también incluido en el acuerdo de abril de 2001. En él se pactó el incremento progresivo del 45% al 52% de la base reguladora de todas las pensiones de viudedad y al 70% a los beneficiarios con rentas más bajas, así como la mejora general de las pensiones mínimas, todo ello con un coste total de 1.142 millones de euros.

El pasado año se incrementó ya al 46% la base reguladora de las pensiones de viudedad y este año podría negociarse la subida hasta el 49%. El resto de las mínimas de menores de 65 años y de viudedad se vieron mejoradas un 1,5%.

La polémica reforma del régimen agrario

 

 

El Acuerdo de Pensiones de abril de 2001 recoge también un mandato para que Trabajo, CEOE-Cepyme y Comisiones Obreras abran una 'mesa que tenga como misión el análisis de la integración en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es otra de las negociaciones que tendrá difícil llegar a buen puerto, al menos esta legislatura, ya que cuenta con la oposición clara de los empresarios.

 

 

 

 

 

 

 

El propio Pacto de Toledo recomienda esta integración del régimen agrario por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social.

 

 

 

 

 

 

 

Esta integración debería llevar aparejado el incremento de las cotizaciones por contingencias comunes de los empresarios agrarios ya que en la actualidad éstos cotizan menos que los empresarios del régimen general. Es precisamente por esta menor cotización de los empleados autónomos que el régimen agrario es deficitario.

 

 

 

 

 

 

 

Cómo es lógico, los empresarios del campo no son partidarios de pagar más, ya que, gracias a la solidaridad del sistema de Seguridad Social español, los trabajadores agrarios por cuenta ajena tienen prácticamente las mismas prestaciones sociales que los del régimen general por quienes sus empresarios pagan más.

 

 

 

 

 

 

 

Los empresarios agrarios argumentarán además que no puede exigírseles más cotización por contingencias comunes justo ahora que el real decreto de reforma de desempleo recientemente aprobado les obliga también a empezar a cotizar por desempleo por sus trabajadores, algo que antes tampoco hacían.

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno quiere negociar, también para los Presupuestos de 2003, medidas contra la discriminación de la mujer agraria en su inclusión en el régimen especial agrario y la fórmula para integrar en el régimen de autónomos a los trabajadores por cuenta propia del campo y del régimen especial del mar.