Los puntos clave de la ley antifraude
El paquete legislativo de medidas contra el fraude empresarial es conocido como Ley Sarbanes-Oxley, por los apellidos de sus ponentes en el Senado de EE UU. Se trata de la mayor revisión de la legislación antifraude, que data de los años treinta, cuando la gran depresión. La ley impulsada por Bush fue aprobada el pasado 30 de julio y algunas de sus medidas entrarán en vigor 30 días después.
El fraude en las empresas y la ocultación o destrucción de documentos puede castigarse con hasta 20 años de prisión. Las penas para los consejeros delegados que certifiquen cuentas financieras falseadas se sitúan entre 10 y 20 años, cuando antes no superaba los cinco años. En caso de que también se haya producido por el directivo especulación en Bolsa con información privilegiada, la condena puede ser de 25 años. Las multas podrán llegar a cinco millones de dólares (similar cifra en euros).
Las empresas deben formar un consejo de cinco miembros independientes para supervisar las auditorías. Deberán estar formados en el plazo de 90 días, lo que algunos expertos creen difícilmente viable.
La ley restringe las actividades de consultoría y otros servicios que las firmas de auditoría prestan a sus clientes, aunque no las prohíbe del todo. La SEC dictará nuevas normas de actuación para los analistas financieros para evitar conflictos de intereses.
La ley alarga los periodos en que los inversores que consideren que han sido defraudados pueden iniciar procesos legales contra las compañías.
Los directivos de las compañías no podrán recibir préstamos de sus empresas.
A partir del próximo día 29, todas las cuentas de resultados que hagan públicas las compañías que cotizan en mercados de valores de EE UU, unas 14.000, deberán estar firmadas por sus máximos ejecutivos. La SEC se anticipó a esta norma, acogiéndose a la ley de 1934 que regula sus actividades, y reclamó el pasado día 27 de junio a las 947 empresas que facturan más de 1.200 millones de dólares que entreguen las declaraciones juradas de su consejero delegado y director financiero con relación al último informe anual y las cuentas trimestrales de este año.
Las grandes empresas europeas cuyas acciones cotizan en mercados estadounidenses estudian si tendrán que cumplir los requisitos de la ley antifraude y de qué manera. En España afectaría a Telefónica, Telefónica Móviles, SCH, BBVA, Endesa, Repsol YPF y Terra.