Normativa

La ley antifraude de EEUU suscita preocupación en los grupos españoles

Portavoces de las empresas españolas afectadas coincidían ayer en que sus departamentos financieros o jurídicos apenas han comenzado a estudiar los efectos de la norma estadounidense, algunos de cuyos puntos entrarán en vigor el próximo 29 de agosto, 30 días después de su promulgación. No hay más pronunciamientos oficiales, a la espera de que los expertos aclaren la repercusión del paquete legislativo.

Pero en medios empresariales consultados por este diario se reconoció la 'preocupación' generada por la forma en que se pretenden imponer las normas de buen gobierno que anunció George Bush, en un momento de presión por los escándalos, a sociedades extranjeras por el mero hecho de cotizar en la Bolsa estadounidense. Ello podría atentar contra el derecho internacional, según algunas opiniones.

La Ley Sarbanes-Oxley, llamada así por los apellidos de sus ponentes en el Senado, eleva las penas contra los directivos responsables de fraude hasta un máximo de 20 años de prisión y cinco millones de dólares de multa. Además se obliga a las sociedades cotizadas a crear comités de auditoría independientes de cinco miembros y se detallan supuestos de conflicto de intereses. Entre las medidas urgentes -es decir, ya en vigor- figura la prohibición de que los directivos reciban préstamos de sus empresas.

La ley está pendiente de desarrollo, que en parte corresponderá a la SEC, el regulador del mercado de valores en EE UU. Una de las incógnitas sin despejar es si se fijarán excepciones para las empresas radicadas fuera del país. Algunos expertos creen que la ley sólo será parcialmente aplicable en compañías extranjeras, mientras otros consideran que difícilmente será flexibilizada.

En la Bolsa de Nueva York cotizan los títulos llamados ADR (American deposit receipt) de Telefónica, Telefónica Móviles, Repsol YPF, Endesa, BBVA y SCH, además de algunas de sus filiales en Argentina, mientras que en el mercado electrónico Nasdaq está presente Terra-Lycos.

Hasta ahora esas empresas tenían que difundir sus cuentas de acuerdo a las normas contables de EE UU, distintas a las europeas, lo que hizo que, por ejemplo, Telefónica comunicara a la SEC que tuvo pérdidas en 2001, mientras en España publicó ganancias. Pero la ley antifraude excede con mucho el ámbito de lo contable y afecta a las normas de buen gobierno empresarial, lo que significa que pondría a prácticamente todas las grandes empresas del mundo bajo la legislación de EE UU.

'Estamos preocupados, pero también debería estarlo el Ministerio de Economía', comentó una fuente cercana a las empresas afectadas. Según este punto de vista, en Washington se habría despreciado la legislación de países avanzados como España.

En las multinacionales se acepta avanzar hacia una mayor transparencia, pero se cuestiona el cómo. Por ejemplo, en grandes empresas españolas se han creado comités de auditoría independientes, inspirados en el Código Olivencia, pero no es seguro que cumplan los requisitos impuestos en EE UU.

En cuanto a la responsabilidad de consejeros delegados y directores financieros -que ahora tienen que firmar las cuentas de resultados- se recuerda que la ley española ya responsabiliza al consejo de administración en pleno. 'No siempre ha ido EE UU por delante en estas cuestiones', ironizaba ayer un directivo.

Bruselas y Londres encabezan la protesta europea

La Comisión Europea y el Gobierno británico ya han transmitido sus protestas por la posible aplicación extraterritorial de la nueva ley antifraude. El comisario del mercado interior, Frits Bolkestein, escribió en julio a los legisladores de EE UU para quejarse de que se atribuyera a la SEC, el regulador del mercado de valores norteamericano, la autoridad sobre firmas auditoras extranjeras. Bolkestein advirtió que la Unión Europea podría tomar represalias que afectaran a las auditoras estadounidenses, según informaron ayer The Wall Street Journal y The Financial Times. Bruselas avisa que no aceptará que su punto de vista sea ignorado en las relaciones transatlánticas. También la ministra británica de Comercio, Elizabeth Symons, contactó con sus colegas de EE UU para expresar su inquietud. La Federación Alemana de Industria (BDI) hizo pública su 'profunda preocupación' y sugirió a la Comisión Europea que prepare una respuesta en los tribunales. Wolfgang Wagner, directivo alemán de PricewaterhouseCoopers, calificó la ley de 'serio ataque a las prácticas contables y de auditoría europeas'. Sin embargo, algunas voces se han mostrado más comprensivas con la ley antifraude impulsada por Bush. Juan Luis Marchini, presidente de la Asociación Española de Auditores, dijo ayer que la norma va en la dirección correcta y es un 'ejemplo de agilidad legislativa'. 'Europa debería seguir el ejemplo lo más pronto posible', opinó Marchini, quien critica a Bruselas por aplazar algunas medidas sobre rigor contable hasta 2005. Este experto destaca que a los auditores se les facilita el trabajo, al reforzarse la responsabilidad de directores financieros y consejeros delegados. La SEC ha instado a 700 empresas cotizadas a comunicar, antes de mañana miércoles, qué ejecutivos garantizan la veracidad de las cuentas de resultados. Sólo 100 lo habían hecho la semana pasada. La mayoría apurará el plazo.