Las condiciones del desarrollo económico
En situaciones de desaceleración económica la contribución para solucionar los problemas de otros países queda en segundo plano ante las dificultades propias. Sin embargo, esos problemas, como los de Argentina y Uruguay, que difícilmente podrían considerarse economías subdesarrolladas hace pocos años, afectan a todas las naciones y poco es lo que puede hacerse cuando el origen y las soluciones viables, por traumáticas que puedan ser, están casi exclusivamente en sus manos. En países más pobres, que nunca tuvieron una renta per cápita alta y donde su problema es iniciar un crecimiento sostenido, es más probable que la contribución externa sea útil.
Una de las diferencias cruciales entre los países que se han desarrollado y los que aún no lo han conseguido está en la disponibilidad de capital. Hernando de Soto ganó reputación mundial a finales de los ochenta con su libro El otro sendero, la revolución invisible en el tercer mundo. Mostró con detalle el funcionamiento de la economía informal, su capacidad para mantener a decenas de miles de familias y las trabas que debía superar. El pasado año dio un paso adicional con El misterio del capital: por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo.
La investigación empírica del equipo de De Soto incluyó países tan diversos como Haití, Perú, Indonesia o Egipto. Desglosó todos los pasos (centenares de trámites) que se precisan para legalizar una situación de uso de tierra, de vivienda o de negocio en funcionamiento y evidenció que el intento de trabajar formalmente supone meses de dedicación a las exigencias administrativas para las que se carece de preparación, sin generar ingresos mientras tanto y con resultados inciertos. Estas barreras hacen que los activos con que cuentan los más pobres, modestos para cada persona o familia, pero ingentes en su conjunto, no se conviertan en capital que les permita obtener créditos y reforzar sus medios de vida.
Un activo, como una vivienda, terreno o máquina, es capital si es poseído por los ricos de los países pobres, para quienes es fácil operar en la plena legalidad. En cambio para quien vive en la informalidad la carencia de derechos de propiedad registrados, que muestran inequívocamente las características de sus posesiones y el derecho que les respalda, les impide usarlos como garantía para la obtención de créditos para su mejora o para expandir su actividad y hace difícil transmitir esos derechos que suelen apoyarse en la costumbre, el uso directo o acuerdos informales.
Sin esa titularidad que excluye a terceros de su uso y que puede hacerse valer legalmente es complicado el contratar servicios como suministro de agua o energía eléctrica, la información sobre titularidad es cara e imprecisa, los activos no son fungibles, se desalienta la movilidad, las transacciones son inseguras y la actividad económica no prospera.
En el mundo desarrollado la titularidad formal de los activos está extendida a casi toda la población y no sólo a una ínfima minoría. Cambiar las normas es fácil, pero no basta un acto de voluntad política para conseguir los resultados y efectos que se dan por supuestos en los países desarrollados. Los derechos a reconocer ya existen articulados en acuerdos y prácticas de sustancia parecida, pero de concreciones diferentes en cada entorno y la ley, para ser efectiva, debe reconocer esas peculiaridades a fin de que los nuevos titulares se identifiquen con ella y vean la comunidad de intereses entre ellos y el legislador que trata de documentar sus propiedades. Esto supone un problema técnico y político de enjundia, pero resoluble.
El capital, más que un conjunto de bienes físicos, es un derecho abstracto sobre esos bienes que da potencial para nuevas iniciativas productivas. Se refiere a su realidad y, sobre todo, a sus posibilidades. Al identificar a los propietarios de cada activo, las Administraciones públicas están en condiciones de hacerlos tributar, y eso, aunque la vocación de los informales es vivir en la plena legalidad, puede generar un segundo problema derivado de la reticencia a confiar en políticos que poco han hecho hasta ahora por reconocer y proteger determinados derechos.
El statu quo de funcionarios, intermediarios y asesores de países pobres puede verse alterado por el cambio, con lo que muchos se opondrán a modificar una situación que les beneficia, aunque sea lesiva para el conjunto. Este tercer problema requiere un coraje político inhabitual para eliminar la corrupción y la inercia, pero, si se cuenta con apoyo suficiente para llevar adelante este prerrequisito al progreso, entonces los microcréditos podrían ser mayores; la escolarización de niños, más rentable para sus padres, y la ayuda al desarrollo, más eficaz.