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Pacto de estabilidad

Portugal podría ser el primer país de la UE sancionado por su déficit

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, anunció anoche la apertura de un "procedimiento de déficit excesivo" contra Portugal, que podría convertirse en el primer país de la UE por no cumplir con el Pacto de Estabilidad presupuestaria. Bruselas fija un déficit máximo del 3%, y Portugal tuvo un 4,1% en 2001.

No obstante, su portavoz, Gerassimos Thomas, precisó hoy que la posibilidad de sancionar a Portugal "aún está lejos", y remachó que el objetivo de este procedimiento "no es sancionar, sino prevenir" un déficit excesivo en un país, que puede tener implicaciones en todos sus socios de la zona euro.

Así, el siguiente paso será la elaboración, por parte de la Comisión, de un informe sobre la situación presupuestaria en Portugal, que se presentará en septiembre. El informe será estudiado por el Comite Económico y Financiero y por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), que lo estudiará en su reunión de octubre o de noviembre, y decidirá si es necesario reclamar a Portugal que adopte medidas de saneamiento.

Thomas dejó claro que el informe de Bruselas podría no recomendar a los Quince que impongan obligaciones a Portugal, porque tendrá en cuenta las medidas de contención del gasto ya adoptadas por el Gobierno portugués, "su eficacia y los resultados que podrían tener". Lisboa anunció varias medidas el pasado mes de junio y, según la Comisión, "aún es muy pronto para pronunciarse sobre si son suficientes, pero todo se tendrá en cuenta el próximo otoño".

En el caso de que el Ejecutivo comunitario proponga recomendar nuevas medidas a Portugal, la decisión tiene que adoptarla el Ecofin por unanimidad, y darle al Gobierno de Lisboa un plazo para aplicarlas, plazo que podría ser de un año, incluso mayor. Sólo al término de ese periodo, "si el déficit excesivo persiste, se puede pasar a la fase de penalizaciones", precisó el portavoz.

Portugal se convierte así en el primer país de la UE que se enfrenta a serias dificultades para cumplir los compromisos del Pacto de Estabilidad. El pasado mes de febrero, Bruselas advirtió tanto a Portugal como a Alemania de sus riesgos de sufrir un déficit excesivo aunque, en el caso de Berlín, la Comisión aseguró hoy que "de momento no hay motivos" para revisar la previsión del 2,8% para 2002.

También en Francia e Italia las cifras de déficit para 2002 podrían desviarse de las previsiones iniciales aunque, en principio, todos los países se han comprometido a alcanzar cifras cercanas al equilibrio en 2004. Ferreira confirmó ayer que el objetivo de déficit para Portugal en 2002 es del 2,8%.

No habrá revisión del pacto de estabilidad

De este modo, la Comisión insistió en que no es necesario modificar el Pacto de Estabilidad, sino que sus mecanismos son los adecuados para resolver los problemas presupuestarios. "Un país tiene que resolver sus problemas de control de gasto antes de embarcarse en otros proyectos", dijo Thomas. "No creemos que haya necesidad de revisar el pacto", añadió.

Por otro lado, Bruselas confía en que no se repita el caso portugués, en el que las cuentas presentadas para 2001 fueron erróneas, y sólo una auditoría independiente ha revelado que el verdadero déficit es muy superior al 4,1%. "Es el único caso, no tenemos por qué suponer que habrá más".

En su declaración de anoche, Solbes señaló que la auditoría "ha permitido detectar omisiones serias en la producción de los datos de la deuda y el déficit público de Portugal". El portavoz insistió hoy en que el registro y la comunicación de información es responsabilidad de los Estados miembros, aunque Bruselas dispone de ciertos mecanismos de control.

De hecho, la Oficina Estadística de la UE, Eurostat, rechazó el pasado mes de marzo validar los datos entregados por Portugal. Por ello, Thomas remachó que el llamamiento de Solbes a utilizar "todos los recursos necesarios para asegurar que los datos de déficit público y de deuda se recogen correctamente en el futuro" no pretende modificar la forma en que se recogen los datos, sino que los Quince cumplan las normas actuales.

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