Bruselas descarta sancionar a Portugal por su déficit fiscal
La Comisión Europea no contempla la posibilidad de iniciar un expediente sancionador contra Lisboa, pese a la casi certeza de que el déficit público portugués superó en 2001 el límite del 3% del PIB fijado en 1997 por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
La pasividad de Bruselas amenaza de nuevo la credibilidad del pacto, pero la CE prefiere aferrarse a las previsiones que apuntan a una reducción sustancial del déficit en 2002 y confiar en que el nuevo Gobierno luso respete el compromiso suscrito por el anterior el pasado 12 de febrero de alcanzar el equilibrio fiscal en 2004.
Portugal escapó entonces, gracias a Alemania, al mecanismo de alerta que el pacto contempla cuando un país se aproxima al límite del 3%. El mismo día, la Comisión deseaba recriminar públicamente a Berlín por el derrapaje de sus finanzas públicas, pero la airada reacción del canciller Gerhard Schröder desbarató la iniciativa. Los dos países se libraron del procedimiento y la credibilidad del pacto quedó en entredicho. Enrique Barón, líder socialista del Parlamento Europeo, ha exigido modificar el pacto, posibilidad que rechaza taxativamente el ministro de Economía, Rodrigo Rato, presidente de turno de la UE.
La ministra portuguesa de Finanzas, Manuela Ferreira Leite, admitía esta misma semana que el déficit publico de 2001 puede superar el 3% del producto interior bruto (PIB).
El nuevo Gobierno de centro derecha, que ha desalojado al socialista António Guterres tras seis años en el poder, hereda una situación presupuestaria caótica en la que Bruselas y Lisboa ni siquiera se ponen de acuerdo en la contabilidad.
Fuentes comunitarias reconocían ayer que la semana pasada 'funcionarios de la Comisión se desplazaron a Lisboa' para intentar resolver las diferencias. La principal discrepancia atañe a las inyecciones de capital público en las empresas estatales, contabilizadas por el Gobierno socialista como inversiones pero que las estadísticas europeas prefieren calificar de gasto público.
Bruselas considera muy probable que, por primera vez desde que se suscribió el pacto en 1997, un país rompa la barrera del 3%. Pero fuentes comunitarias no consideran realista iniciar el procedimiento de sanción previsto en el Tratado de la Unión. Su resolución tardaría cuatro años, pues exige un informe sobre el déficit, recomendaciones al país, evaluación de su cumplimiento y, sólo al final, una sanción al infractor.