Bruselas propone eliminar el impuesto de matriculación en toda la UE

La Comisión Europea propondrá hoy abolir en un plazo de cinco a diez años el impuesto de matriculación que en España y otros nueve países se paga al adquirir un vehículo nuevo. En cuanto al impuesto de circulación, que en nuestro país se paga anualmente en función de la potencia del vehículo, la Comisión desea una convergencia a nivel europeo. El Ejecutivo europeo quiere, sobre todo, que el impuesto penalice a partir de ahora a los automóviles más contaminantes.

La iniciativa atiende una vieja queja del sector automovilístico, que atribuye la persistente disparidad en los precios entre países a la carga impositiva.

Bruselas, que siempre había minimizado ese factor, parece admitirlo ahora que el nuevo reglamento sobre distribución de automóviles (que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre) allana el camino hacia la generalización de los concesionarios multimarcas y la venta transfronteriza.

La reforma impositiva, diseñada por el Departamento de Mercado Interior y Fiscalidad que dirige el comisario Frits Bolkestein, se concretará en medidas legislativas tras un periodo de consultas públicas que se inicia hoy.

La Comisión aboga en concreto por una reducción gradual del impuesto de matriculación, hasta que se elimine en un periodo de 5 a 10 años. Bruselas sugiere a las autoridades nacionales que compensen la pérdida de ingresos con un incremento en los impuestos de circulación y de los combustibles. Anteayer mismo, la Comisión aprobó una propuesta para aumentar la fiscalidad mínima de la gasolina sin plomo y del diésel. Bruselas recomienda además que tanto el impuesto de matriculación -'mientras exista'- como el de circulación se fijen con criterios ecológicos, como ya ocurre en el Reino Unido. La fiscalidad debe ser proporcional, según la Comisión, a las emisiones de CO2 de cada vehículo. La Comisión plantea también la necesidad de que la carga fiscal converja para facilitar la actividad transfronteriza.

Distorsión fiscal

El departamento de Bolkestein acusa al sistema fiscal actual de distorsionar el mercado interior, tanto para los fabricantes como para los consumidores. Bruselas reconoce que la fiscalidad aboca a los fabricantes a adecuar sus vehículos a las normas de cada país para reducir al máximo el impacto impositivo en el precio final. Esto impide producir automóviles a escala europea, y en su lugar los modelos se adaptan a las características de potencia, cilindrada o consumo que más favorece fiscalmente cada país. Dinamarca, donde no se fabrica un solo automóvil, disfruta los precios más bajos antes de impuestos de toda Europa. La fragmentación fiscal del mercado interior ha llevado a fabricantes como Volkswagen y Opel a impedir ilegalmente a sus concesionarios la venta de coches a ciudadanos de otro Estado miembro, por lo cual sufrieron multas por valor de 90 y 43 millones de euros, respectivamente.

En cuanto a los consumidores, Bruselas señala que en ocasiones sufren una doble imposición, porque se ven obligados a abonar la tasa de matriculación una segunda vez si desean trasladar el vehículo a otro Estado miembro sin que medie un cambio de residencia del titular. El caso más evidente es cuando alguien desea comprar un coche nuevo en un país en el que no reside, una de las tendencias que intenta impulsar perennemente el Departamento comunitario de Competencia. El comisario Mario Monti publica semestralmente un informe sobre las diferencias de precios de los coches entre países con el que intenta demostrar la ausencia de un auténtico mercado interior. El publicado el pasado lunes 22 de julio, el primero desde la puesta en circulación de la moneda única, refleja todavía diferencias de precio de hasta 4.600 euros para un modelo como el Fiat Marea.

España recauda 1.200 millones de euros al año con este tributo

 

El impuesto de matriculación -su denominación auténtica en España es impuesto especial sobre determinados medios de transporte- aportó el año pasado 1.202 millones de euros (200.300 millones de pesetas) a las arcas públicas españolas, equivalente al 0,2% del producto interior bruto (PIB).

 

 

 

 

 

 

 

Desde principios de este año ha sido transferido al 100% a las comunidades autónomas, como parte del nuevo modelo de financiación autonómica, modelo suscrito por el Gobierno central y los respectivos Ejecutivos regionales, con carácter indefinido.

 

 

 

En algunos casos no es obligatorio su ingreso, o éste está sujeto a algún tipo de reducción para ciertos colectivos como taxistas, minusválidos o familias numerosas. En otros casos se debe pagar pero está sujeto a la opción de solicitar su devolución.

 

 

 

Por otra parte, el coloquialmente denominado impuesto de circulación (impuesto de vehículos de tracción mecánica) es de carácter local. Supone la tercera fuente de financiación por ingresos tributarios (el 10% del total) de los municipios. En el año 2000 se recaudaron por esta vía 1.323 millones de euros (220.269 millones de pesetas), sólo superada por el impuesto sobre bienes inmuebles -la denominada contribución urbana- y el impuesto sobre actividades económicas -IAE-, que ahora el Gobierno quiere reformar.

 

 

 

El impuesto de circulación es muy popular, siendo objeto de grandes críticas por los particulares, que se quejan de las subidas practicadas, especialmente por grandes municipios, con grandes necesidades recaudatorias.

 

 

 

El importe medio del recibo anual ronda las 9.000 pesetas. Es, además, el tributo municipal con mayor porcentaje de incobrados en periodo voluntario, lo que encarece sobremanera para los ayuntamientos la gestión global de este impuesto.