Falsedades contables
Las Bolsas del mundo, después de 28 meses de caídas continuadas, sufren un clima de desconfianza que hunde las cotizaciones y amenaza con contagiar a los Gobiernos por la ausencia de control y de sus regulaciones concesivas. Los escándalos de falsedades contables salpican a grandes empresas, pero la ingeniería presupuestaria también fue articulada y sigue siendo aplicada por las Administraciones públicas.
En España, el último caso es la nueva trama de cuentas ocultas del BBVA -las sociedades en este caso fueron creadas por el antiguo Banco de Bilbao- comunicada por el banco al juez Garzón y notificada ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El origen de esta nueva red de empresas instrumentales, establecidas en paraísos fiscales y cuyos movimientos y rentabilidades se mantuvieron ajenos a la contabilidad oficial del banco, se remonta a 1979. El montante inicial de esas cuentas fue de 39,6 millones de dólares de los de entonces, cuya procedencia 'no ha podido establecerse', según el informe remitido a la Audiencia Nacional. Esa cantidad se incrementó con los años hasta casi 60 millones, con un cruce de entradas y salidas oscuro en muchos casos. Las cuentas fueron regularizadas, pero aunque desde 1995 la red de sociedades estaba inactiva, los fondos no han podido detectarse hasta hace una semana en que finalizó la investigación del banco solicitada por el juez Garzón que instruye el caso de los otros fondos ocultos del BBV.
La necesidad de recuperar la confianza de inversores y clientes ha obligado a los dos grandes bancos, BBVA y SCH, a imponerse nuevos códigos de buen gobierno que garanticen la transparencia y la credibilidad de su gestión. Ambas entidades acaban de salir de reestructuraciones traumáticas, fruto de las crisis generadas tras la fusión, y las dos tienen su imagen salpicada por asuntos que se dirimen ante la justicia. Por eso no es casualidad que hayan sido las primeras en nuestro país en imponerse normas de conducta que eviten prácticas irregulares, garanticen la independencia de los consejeros y establezcan murallas chinas entre los administradores y la línea ejecutiva.
Lo sorprendente son las diferencias entre los dos modelos de buen gobierno tanto en los límites de edad para presidente y consejeros como en los cauces de elección o en la conformación de las comisiones clave del consejo: la de retribuciones y la de control y auditoría. Esta disparidad ilustra sobre los diferentes modelos en juego a la hora de garantizar la honestidad de la gestión, la transparencia de las cuentas y, en especial, la confianza. En realidad, las grandes corporaciones se ven obligadas a introducir cambios que ponen en quiebra los modelos vigentes en la última época, cuyo caso más claro es la vinculación de las retribuciones a los ejecutivos, antes valor imprescindible y hoy demonizada. Los Gobiernos, impulsores del llamado capitalismo popular, tienen hoy más responsabilidades que nunca ante una credibilidad perdida.