El Gobierno crea un comité para defender a los pequeños inversores
El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la constitución de una comisión de expertos cuyas recomendaciones deberán dar soporte teórico a nuevos cambios en la legislación que regula el funcionamiento de los mercados financieros y las sociedades cotizadas.
El Gobierno ha decidido convocar este consejo de sabios, cuyos nombres aún no han sido divulgados, a pesar de que aún no ha concluido la tramitación parlamentaria de la Ley Financiera, que ya incorpora modificaciones legales que tienen este mismo objetivo.
En el plazo de cuatro meses, el grupo de expertos elevará al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, un informe sobre la situación y las recomendaciones que consideren oportunas para aumentar la transparencia de los mercados y la seguridad del inversor.
En el ámbito sanitario, el Consejo aprobó, entre otras cosas, la regulación de la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y cambios en la legislación sobre productos sanitarios que incorporen derivados de sangre o plasma humano.
Agencia alimentaria
El Gobierno aprobó también el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Este organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, se encargará de 'promover la seguridad alimentaria, ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y coordinar la red de alerta alimentaria'.
El PSOE criticó ayer duramente estos estatutos por 'presidencialistas'. La secretaria de consumidores y usuarios del PSOE, Isabel Pozuelo, señaló que el estatuto de la agencia rompe el consenso alcanzado en el Parlamento y explicó que su aprobación 'va a impedir que se cumplan los cuatro principios que inspiraban su credibilidad: independencia, transparencia, primacía de los criterios científicos, así como presencia de todos los sectores afectados en sus órganos de gobierno'.
Según Pozuelo, esos principios 'se han venido abajo, porque el Gobierno ha optado por un modelo presidencialista que hace recaer todo el poder y la capacidad de decisión de la agencia sobre el presidente, que nombra y depende del Ministerio de Sanidad y Consumo'.
En su opinión, 'el consejo de dirección pierde competencias y el consejo consultivo queda devaluado por la escasa representación de los consumidores'. Además, los miembros del comité científico serán designados y no elegidos mediante convocatoria pública'.
Por otro lado, los nuevos ministros llevaron ayer al Consejo los primeros cambios en sus equipos ministeriales. En el ámbito económico cabe destacar la decisión de Eduardo Zaplana de elegir como subsecretario del Ministerio de Trabajo a José Marí Olano, actualmente secretario general técnico del Departamento de Medio Ambiente.
Javier Arenas ha nombrado subsecretario de Administraciones Públicas a Marino Díaz Guerra, hasta ahora subsecretario de Trabajo. Julio Gómez-Pomar, director general de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial con Montoro, sustituye a Ignacio González, que pasa a ocupar la Secretaría de Estado de Inmigración, dependiente de Interior, como secretario de Estado para la Administración Pública. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha elegido como subsecretario a Pablo Vázquez, hasta ahora asesor de José María Aznar en esta materia.
Cien millones para agricultura y pesca
El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución de un total de 96,92 millones de euros de fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) entre las comunidades autónomas para el desarrollo de diversos programas agrarios y pesqueros.
La comunidad autónoma que recibirá más fondos será Canarias (con 29,98 millones de euros), seguida de Andalucía (26,8 millones), Galicia (11,8) y Extremadura (9,1).
En el capítulo agrícola se repartirán 6,8 millones de euros, destinados a programas para la promoción de nuevas tecnologías en equipos agrarios, la prevención y lucha contra plagas, el fomento de agrupaciones fitosanitarias y el control y certificación de material de reproducción.
En materia de ganadería se repartirán 3,6 millones de euros para el control del rendimiento lechero y las indemnizaciones por el sacrificio de ganado. Las acciones para desarrollo rural recibirán 28,9 millones de euros.
En el sector pesquero se repartirán 56,6 millones de euros entre los afectados por la finalización del acuerdo de pesca alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos. Esta partida beneficiará a Andalucía, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco.