Villarejo pide que el juez impute a 4 directivos de Repsol y Cepsa
El fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, que investiga la presunta concertación de precios entre las petroleras, que cite como imputados a cuatro directivos de Repsol YPF y Cepsa.
Jiménez Villarejo quiere que presten declaración como imputados el vicepresidente de Refino y Márketing de Repsol YPF, Juan Sancho Rof, su vicepresidente adjunto, Jorge Segrelles, actual presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) , y los responsables del área de Estaciones de Servicio y Venta Directa de Cepsa, Francisco Calderón Pareja y Luis Suárez-Pumariega, según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal jefe también reclama la citación de Salvador Font, que fue director de Márketing de Petróleo de Cepsa y que actualmente trabaja en Iberdrola. Según el escrito, el comportamiento de las petroleras, "deliberado y constante", es "directamente opuesto al funcionamiento libre de una economía de mercado, máxime cuando se lleva a cabo por quienes ya tienen una posición claramente dominante".
La Fiscalía Anticorrupción pide que declaren también más de medio centenar de testigos, entre ellos el ex presidente de la Confederación de Estaciones de Servicio, Roberto Sáenz, y el portavoz de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, Fernando Moraleda. Villarejo pide al juez que requiera a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y a Cepsa Estaciones de Servicio para que aporten las actas de los consejos de administración y de las comisiones ejecutivas desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha.
La Fiscalía reclama también que la Dirección General de Tributos remita "los expedientes que, en su caso, hubieren sido incoados con motivo de consultas" de Repsol YPF y Cepsa desde el 1 de enero de 1988. El fiscal jefe se interesa, además, por los expedientes abiertos en materia de fijación de precios por el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y los Gobiernos del País Vasco y Asturias, y por la información que obra en poder de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de los organismos de la Unión Europea (UE).