La multa a Repsol YPF no daña su solvencia, según Standard&Poor's
"Dada la sólida capacidad de YPF para generar fondos, Standard & Poor's espera que la compañía cancele la multa sin afectar a su saludable perfil financiero", señaló la consultora.
Repsol YPF deberá pagar al Estado argentino una multa de 109 millones de pesos (unos 29 millones de dólares, 29,3 millones de euros) al confirmar el máximo tribunal argentino un fallo judicial que condenó a la compañía por vender entre 1993 y 1997 gas licuado al exterior a un precio inferior al fijado para el mercado interno.
En esa época, YPF no estaba controlada ni era operada por el grupo Repsol, que a mediados de 1999 concluyó la compra de la empresa estatal argentina YPF por 15.000 millones de dólares.
La sanción fue impuesta el 22 de marzo de 1999 por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, y posteriormente confirmada por la Cámara en lo Penal Económico.
En su sentencia de principios de julio, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario interpuesto por la petrolera por considerar que en la causa se demostró que la empresa "abusó de su posición de dominio" del mercado mayorista de gas licuado de petróleo a granel, que se comercializa básicamente en garrafas para uso doméstico o industrial.
La conducta por la que YPF fue condenada consistió en vender entre 1993 y 1997 grandes cantidades del producto a compradores de países limítrofes a un precio inferior al que fijaba el mercado local, según el expediente.
La resolución confirmada sostiene que la firma también incurrió en conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia al "manipular artificialmente la oferta haciendo que el mercado sea menos eficiente en términos de cantidades y precios, con directa incidencia en el bienestar de los consumidores".
En un comunicado, Repsol YPF expresó que "respeta y acatará la decisión de la justicia a pesar de no compartir el criterio de la Corte Suprema", y aclaró que el pago de la multa "ya fue previsto por la empresa en su balance económico de 2001".
La petrolera agregó que considera que ha existido "una incorrecta apreciación" de los hechos del caso y que la conducta de quienes entonces dirigían YPF "no se encuentra cuestionada en el derecho comparado europeo ni en el americano".
"La empresa colocó sus productos por debajo del costo de importación y lamenta que el máximo tribunal no haya efectuado una detenida revisión de los errores técnicos esenciales que dieron origen al caso", según el comunicado.
La compañía precisó que "no mantiene una posición dominante ni ha abusado o incurrido en ninguna conducta violadora de la Ley de Defensa de la Competencia".
"YPF cuenta con sólo el 21 por ciento de participación en un mercado en que hay otras 18 empresas que compiten entre sí, además de existir la posibilidad para cualquier agente de importar este producto desde el exterior. Por tanto, el resto de las compañías perfectamente podrían abastecer por sí mismas al 100 por ciento del mercado interno", subrayó la petrolera española.