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Memoria tributaria

La cuantía defraudada al fisco aumenta un 33% en las actas incoadas por delito

Cinco meses después de que el Ministerio de Hacienda presentara el último informe anual de la Agencia Tributaria, el departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba de publicar la Memoria de la Agencia Tributaria correspondiente a 2001, en el que figura con gran detalle todas las actuaciones realizadas por el organismo público.

Una de los principales novedades es la evolución de las actuaciones en materia de delito fiscal, que son las que se incoan cuando la cuantía defraudada al fisco supera 90.000 euros (15 millones de pesetas).

El pasado año, la Agencia Tributaria tramitó a las autoridades judiciales 744 expedientes de delito contra la Hacienda pública (731 por delito fiscal y 13 por delito contable) con una cuota efectiva total de 562 millones de euros, equivalente a una deuda de 836,345 millones de euros, de los cuales 716,45 millones son resultados ordinarios, un 13,1% más que en el año 2000. Descontados los expedientes por delito contable, la cuota defraudada por delito fiscal asciende a 547 millones de euros (91.110 millones de pesetas).

Aparte de la cifra global, destaca, sobre todo, el fuerte repunte de la cuota media por contribuyente al que se le ha instruido acta por delito, que ha pasado de 0,954 a 1,26 millones de euros (de 158 a 210 millones de pesetas), una cantidad que supone un 32,9% más que la registrada el año anterior.

Esta evolución tiene su origen, en parte, en el mayor interés de las autoridades tributarias (la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública) en detectar a los grandes defraudadores, que cuentan con la experiencia legal y capacidad adquisitiva necesaria para evadir el cumplimiento de las leyes.

La Agencia Tributaria ha potenciado en los últimos años la colaboración con el Ministerio de Justicia para agilizar en lo posible la instrucción de estos expedientes. En 2001, los tribunales dictaron 48 sentencias sobre delito fiscal, de las que 40 fueron condenatorias.

Las actuaciones por delito fiscal son una mínima parte de las que efectúa Hacienda en materia de fraude, sea delito o no. El año pasado, la Agencia Tributaria detectó fraude fiscal por 11.656 millones de euros, un 31% más que el año anterior, si englobamos las áreas de inspección, aduanas e impuestos especiales y gestión tributaria. Un total de 3.380 millones de euros corresponde a deuda instruida por el área de inspección. La distribución por tributos no es homogénea. Algo más de la mitad (el 51,5%) corresponde a fraude derivado del impuesto de sociedades; el 31%, al IVA, y sólo el 8,91%, a contribuyentes por IRPF. Hacienda dedica un capítulo especial al control del fraude en grandes sociedades (23.715 contribuyentes, según el censo de grandes empresas adscritas a la Oficina Nacional de Inspección). En 2001, la Agencia Tributaria obtuvo por este procedimiento 376 millones de euros (62.570 millones de pesetas), un 14,7% más que el año anterior, de los que gran parte se generaron por minoración de devoluciones y autoliquidaciones presentadas por las empresas previo requerimiento del fisco por incumplimiento de obligaciones tributarias.

Dinero negro en vivienda

Otra línea de investigación es la referida al blanqueo de capitales, por la que se descubrió el pasado ejercicio fraude por 2.482 millones de euros. Estas actuaciones se están potenciando este año.

De hecho, ayer, el jefe de la Unidad de Apoyo de Hacienda en la Fiscalía Anticorrupción, Víctor de la Morena, advirtió de la presencia de importantes bolsas de dinero negro -opaco al fisco- en el sector inmobiliario, aprovechando el fuerte crecimiento de los precios en el sector. De la Morena aseguró que se está sobre la pista de varias sociedades inmobiliarias que reciben fondos de accionistas domiciliados en paraísos fiscales con el ánimo de blanquear dinero y no tributar.

Hacienda ingresó (recaudación líquida) por impuestos 119.307 millones de euros en 2001, 1.103 millones menos de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado, algo que el Gobierno achaca a la menor actividad económica.

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