EE UU estudia endurecer la fiscalidad a las multinacionales extranjeras
La Ley de Competitividad Americana de 2002 fue presentada la semana pasada por el comité de ingresos y gastos de la Cámara de Representantes con el fin de que sea aprobada a lo largo del mes de julio.
La normativa ataca dos de los principales problemas del sistema fiscal de EE UU: la instalación de empresas estadounidenses en paraísos fiscales, para reducir el pago de impuestos, y la necesidad de que los impuestos aplicables a las empresas que operan en el exterior cumplan la normativa de la OMC.
El actual sistema para los Ingresos Extraterritoriales (ETI, por sus siglas en inglés) sustituyó la normativa anterior relativa a las exenciones fiscales de las ventas de las empresas en el exterior (foreign sales corporation). Ambas han sido condenadas por la OMC por considerar que se tratan de subsidios a la exportación. La UE ha solicitado sanciones contra EE UU por este motivo por importe de 4.080 millones de euros, pero la organización debe determinar este mes la cuantía final de las mismas.
La propuesta presentada en la Cámara Baja cuenta con el apoyo del Departamento del Tesoro. La Administración denuncia que EE UU grava a sus residentes y a sus empresas por los ingresos procedentes tanto de territorio nacional como del exterior, mientras que en otros países las empresas sólo pagan impuestos por los beneficios obtenidos en territorio nacional.
Doble imposición
Durante su comparecencia ante el comité, Barbara Angus, asesora de fiscalidad internacional del Tesoro, criticó, además, que los beneficios empresariales están sometidos en EE UU a una doble imposición: por un lado, a nivel empresarial y, por otro, a nivel de renta personal, cuando los beneficios se pagan en forma de dividendos.
La propuesta pretende simplificar la normativa para prevenir esta doble imposición, aumentar los gastos deducibles para las pequeñas empresas, reformar las reglas sobre ubicación de las sedes empresariales y eliminar las reglas que impiden a las empresas diferir impuestos sobre los ingresos procedentes del exterior.
Es precisamente este último punto el que mayores críticas ha suscitado entre los demócratas, que denuncian que esta normativa penalizaría a las empresas extranjeras con fuerte inversión en Estados Unidos.
A su juicio, esta legislación 'sólo cambiará el agua de recipiente y mantendrá el enfrentamiento de EE UU con la comunidad internacional', en lo relativo a la fiscalidad empresarial.
Los republicanos, con mayoría en la Cámara baja, sostienen que las empresas estadounidenses soportan una fiscalidad mayor que sus competidores y que el sistema actual estimula el control de las empresas nacionales por parte de extranjeros.