Cardenal autoriza a Anticorrupción a investigar el posible pacto de precios de las petroleras
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha autorizado al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, a encargarse de la investigación de la querella presentada contra las petroleras Repsol y Cepsa por la Plataforma de Consumidores de Carburantes, que acusa a las compañías de pactar el precio de las gasolinas.
Fuentes fiscales indicaron a Europa Press que, la semana pasada, el fiscal Jiménez Villarejo remitió un escrito a Cardenal solicitando asumir en nombre de la Fiscalía la investigación de este caso. El fiscal general ha accedido a ello, por lo que Anticorrupción remitirá mañana al juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, encargado de las diligencias, toda la documentación que obra en su poder sobre estos hechos.
En el mismo escrito, Villarejo anunció a Cardenal su renuncia a la petición de convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, para estudiar su discrepancia con el fiscal general respecto a la querella que la propia Fiscalía Anticorrupción preparó contra las petroleras por el mismo asunto, cuya presentación impidió Cardenal, de acuerdo con su Secretaría Técnica, al no encontrar indicios suficientes de delito.
La Plataforma querellante está integrada por transportistas, agricultores y consumidores, y han dirigido su denuncia contra Repsol, Cepsa, BP y el resto de empresas integradas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), a las que acusa de alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia "mediante engaño y utilización de información privilegiada".
Dicha querella fue admitida a trámite por el juez Central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, y contó con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En el auto, el magistrado reclamó a la Fiscalía Anticorrupción la documentación sobre el caso que reunió durante más de año y medio.
Los denunciantes también han reclamado a la Audiencia Nacional que requiera los expedientes abiertos por el Tribunal de Defensa de la Competencia a Repsol y Cepsa, y las actuaciones practicadas previamente por el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.