Liderazgo en inflación
La inflación 'es el principal problema' de la economía española. Este reconocimiento del secretario de Estado de Economía, José Folgado, rompe por fin la tónica de restar importancia a la escalada inflacionista seguida por el Gobierno. Pese a que los expertos pronosticaban un crecimiento cero, los precios subieron en mayo un 0,4%. En sólo cinco meses, el IPC ha acumulado una subida del 2,5%, un 25% más que la subida pronosticada por Economía para todo el año. La inflación subyacente, que excluye precios energéticos y alimentos frescos, aumentó también un 0,4%, para escalar hasta el 4,1%, el peor dato desde marzo de 1996.
La inflación interanual sigue instalada en el 3,6%. Y aunque en junio las previsiones apuntan a una inflexión, el Gobierno no debe utilizar este dato en el debate del estado de la nación, retrasado estratégicamente a julio, como un paso positivo, porque todos los analistas prevén una inflación acumulada a finales de año próxima al 4%. De nada sirve que España mantenga un marginal favorable de crecimiento con el resto de los países de la zona euro si esa ventaja se evapora en subidas de precios.
El Gobierno se escudó otra vez en culpar a los empresarios de continuar incrementando los márgenes de beneficios por la vía fácil de los precios. Pero esa sabia crítica choca contra su responsabilidad, porque indica que el crecimiento en España descansa ahora en la palanca del IPC y no en la competencia. Sobran análisis para entender que la alta inflación española se concentra en gran parte en los servicios, que se libran de la competencia directa con otros mercados, y en los costes de distribución de manufacturas y algunos alimentos elaborados. La disculpa de que el Gobierno no puede actuar en sectores en libre competencia es falaz. Sí puede examinar a fondo la cadena de formación de precios del vestido y el calzado -que volvió a ser en mayo el grupo más inflacionista- o de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los dos grupos que más han repercutido en la inflación en mayo. La libertad de horarios del comercio, por ejemplo, es sólo aparente.
La carencia de política antiinflacionista se evidencia cada vez que el Gobierno, en lugar de hacer su trabajo de introducir competencia, se limita a apelar ingenuamente a la voluntad de las empresas para que dejen de ampliar márgenes. El otro mensaje recurrente es el recordatorio obligado a los sindicatos para que mantengan la moderación salarial, factor clave del crecimiento, una prioridad que defiende también el Banco Central Europeo como premisa para la recuperación económica de la UE. Pero insistir en ello cuando el IPC refleja cada mes que los salarios valen menos no es tener exactamente el don de la oportunidad, y menos a una semana de la huelga general. En lugar de confiar en mejoras estacionales, el Gobierno debe actuar. Las estadísticas siguen reflejando que España, además de en tasa de paro, goza también del triste privilegio de estar a la cabeza de Europa en inflación.