La SEPI admite que las denuncias pendientes afectan a la venta de Trasmediterránea
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha enviado una carta a todos los grupos de empresas que aún se mantienen en la pugna por la privatización de Trasmediterránea en la que reconoce que uno de los cuatro procesos judiciales iniciados por la naviera noruega radicada en Canarias, Fred Olsen, supone una contingencia que debe ser tenida en cuenta en el marco del proceso de venta de la naviera pública, que está en su fase final.
En su carta, la SEPI afirma que 'asume las responsabilidades' que pudieran derivarse por una posible resolución contraria a Trasmediterránea en el 'recurso de anulación por ayudas de Estado' por importe de 48 millones de euros que se mantiene abierto en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
Los participantes en la privatización interpretan la misiva de la SEPI como una invitación a la formulación del precio final por Trasmediterránea teniendo en cuenta 'este riesgo oculto'. La carta ha llegado a sus destinatarios en el momento en el que éstos se encuentran enfrascados en la elaboración de la propuesta vinculante, en la que deben definir una última redacción del plan industrial que proponen para el futuro de la naviera y el precio que pagarán a la SEPI.
En este tramo final se están produciendo intentos de fusión entre las distintas candidaturas.
No obstante, los grupos que se consideran favoritos afirman que no tienen intención de variar la composición de sus consorcios.
Fuentes cercanas al proceso han asegurado que 'las contingencias en relación con las denuncias de Fred Olsen no paralizarán en ningún caso el proceso privatizador'.
No descartaron, sin embargo, que pudiera retrasarse 'días' el plazo para presentar las propuestas vinculantes, que termina el próximo 10 de junio.
La carta remitida por la sociedad estatal anuncia también el cobro por la naviera de una cantidad importante en concepto de reintegro de IVA.