La pesca se muerde la cola
La Comisión Europea presentó ayer su duro plan de ajuste de la política pesquera común (PPC), un viejo proyecto de más de 10 años de antigüedad que ahora avanza inexorable. La tramitación de la reforma debe concluir este año y el proceso tiene que estar finalizado en 2006, aunque las medidas propuestas hacen prever una dura pelea política. España, uno de los principales países afectados, mantiene una fuerte oposición. La comisaria Loyola de Palacio, antigua ministra de Agricultura, intentó suavizar la propuesta, pero la torpeza del ministro Miguel Arias Cañete al vanagloriarse de las instrucciones del Gobierno español 'a nuestros comisarios' dinamitó su iniciativa y dio alas al comisario responsable de Pesca, Franz Fischler.
El comisario austriaco logró sacar adelante casi intacto su proyecto, que aspira a una reducción de entre el 30% y el 60% en la captura de numerosas especies ante 'la alarmante disminución de los recursos pesqueros'. La medida se aplicará mediante un recorte del 8,5% en el número de pesqueros o del 18% en el tonelaje de la flota comunitaria.
Lo más importante es que la Comisión propone un giro drástico en el destino de los 538 millones de euros anuales del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). A partir de 2003, el IFOP no podrá subvencionar la construcción de nuevos pesqueros, lo que, según la Comisión, liberará 460 millones de euros, que se destinarán a ayudas sociales a los trabajadores del sector. Bruselas propone añadir 272 millones de euros hasta 2006 para desguaces. Esta reconversión achatarrará 8.600 pesqueros, de los que 1.326 corresponden a España -la flota de pesca española está formada por 16.676 unidades-. El impacto en el empleo será proporcional, en un sector que ocupa a 68.000 personas en España (132.000 con el empleo indirecto).
El Gobierno español está a tiempo de enmendar la estrategia, pues el proyecto de reforma debe ser aprobado por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros de Pesca. Arias Cañete anunció ayer alianzas del grupo de amigos de la pesca para frenar la reforma. El ministro alude a países como Francia, Italia, Grecia, Portugal o Irlanda, donde la reconversión también exigirá esfuerzos notables. Pero el trasfondo de esta reforma de la pesca es que va a servir de ensayo para la transformación de la política agrícola común, que los socios contribuyentes de la UE (Alemania, Holanda y Dinamarca, sobre todo) desean renacionalizar para reducir el presupuesto comunitario con vistas a la ampliación.
El Gobierno, de acuerdo con su lema presidencial de Más Europa, tiene que defender una auténtica política común pesquera, que la reforma no contempla. España está obligada a exigir un mercado único en pesca y defender una organización común de los recursos y una explotación no discriminatoria para que su flota pueda faenar en todos los caladeros. Todo ello, sin negarse frontalmente a una reestructuración de la flota que aumente su competitividad.