La CNE propone la fijación de una tarifa eléctrica máxima
Los órganos reguladores de los mercados energéticos de España y Portugal, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Entidade Reguladora do Sector Electrico (ERSE), respectivamente, defienden que las estructuras tarifarias eléctricas de ambos países promuevan que los clientes acudan al mercado cuando todos tengan capacidad para elegir comercializadora. En España, en donde a partir del 1 de enero de 2003 todos los consumidores tendrán esa categoría, se ha producido un proceso contrario y algunos clientes industriales han optado en los dos últimos años por volver a acogerse a las tarifas.
En el documento elaborado por los citados organismos, de cara a la creación del mercado único ibérico, se señala que 'con la extensión de la elegibilidad a todos los clientes, y tras un periodo transitorio de adaptación al funcionamiento del mercado, deberán establecerse tarifas de último recurso'. Y se añade que este tema deberá enfocarse 'especialmente para los clientes menos motivados a ejercer su derecho de elección de suministrador. Estas tarifas de último recurso tendrían un carácter de precio máximo', se señala.
En el documento, que está en manos de las Administraciones portuguesa y española, se recoge además que las estructuras tarifarias de ambos países deberán fijarse, entre otros, con los siguientes principios: 'Igualdad de trato y de oportunidades, transparencia en la formulación y establecimiento de las tarifas, así como eficiencia en la asignación de costes, asegurando la inexistencia de subvenciones cruzadas'.
La CNE y el ERSE indican que la definición de la metodología de cálculo de las diversas tarifas reguladas deberá asegurar la estabilidad y tendrá que contribuir a la eficiencia del mercado y a la confianza de los agentes. También consideran que 'el correcto funcionamiento del mercado exige la separación de las actividades reguladas ejercidas en régimen de monopolio (transporte, distribución...) de las liberalizadas (producción y comercialización).
Garantía de suministro
El informe, que hace una radiografía de la situación actual de los sistemas eléctricos español y portugués, describe además el modelo básico de organización del Mercado Ibérico Eléctrico (Mibel) que deberá entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2003 y relata los pasos necesarios para que éste se haga realidad.
Respecto a la seguridad de abastecimiento en la península Ibérica, asegura que es preciso promover la existencia de capacidad de producción suficiente. En esta línea, entre las tareas pendientes que la CNE y el ERSE han fijado para este año, está la definición de la garantía de potencia y del mecanismo de retribución de los productores. 'El elevado crecimiento del consumo de energía eléctrica en la península Ibérica y la reducida capacidad de interconexión con Francia hacen necesario invertir de forma considerable en nuevas centrales'. El coste de la garantía de potencia deberá aplicarse por una tarifa regulada, igual en España y Portugal, que se aplicará a todos los clientes con independencia de sus forma de contrato.
En relación a los costes de transición de la competencia (CTC) y los contratos de vinculación de Portugal, el documento se muestra a favor de hacer compatible los compromisos anteriormente asumidos con la apertura del mercado. 'Para que la recuperación de costes ociosos no modifique las condiciones necesarias para el establecimiento de una competencia sana, es importante que el mecanismo no cree barreras a la entrada y salida de nuevos productores'.